Editorial

Multas y transporte

En realidad sólo habría ‘doble sanción’ en caso de existir doble infracción

La Razón / La Paz

00:30 / 25 de abril de 2013

Como era previsible, la puesta en práctica del Reglamento de multas del Gobierno Municipal de La Paz para controlar el servicio de transporte de pasajeros ha encontrado resistencia del gremio de conductores, que anunció desobediencia a la medida. Las autoridades del municipio anuncian que no retrocederán, pero están dispuestas a discutir con la dirigencia del sector.

En efecto, desde el lunes la Guardia Municipal de Transporte (GMT) está autorizada a ejecutar el Reglamento del Régimen Sancionatorio en Materia de Transporte Urbano, Estacionamientos y Paradas Momentáneas, donde se establece la escala de multas que pueden ser aplicadas a los conductores del transporte público que incumplan las normas establecidas para la prestación del servicio en la Ley Municipal; pero las federaciones Departamental de Choferes 1° de Mayo y de Choferes Urbanos de La Paz anunciaron que sus afiliados no pagarán las multas.

Al respecto, uno de los dirigentes de la Federación de Choferes Urbanos afirmó que la oposición del gremio se debe a que hay “doble sanción y existen algunos artículos en contra del transporte”, refiriéndose al hecho de que, desde ahora, tanto la GMT como el Organismo Operativo de Tránsito pueden imponer sanciones a los conductores del transporte público.

Lo que no reconocen los dirigentes del gremio es que si bien son dos las instituciones habilitadas para imponer sanciones y multas, la primera aplica controles sobre el servicio de transporte de pasajeros (según está establecido en las normas nacionales y municipal); mientras que la segunda tiene que ver sobre todo con el tráfico vehicular y la seguridad vial. Esto significa que sólo habría “doble sanción” en caso de existir doble infracción.

Asimismo, el jefe de la GMT hizo notar que la resistencia a la aplicación de multas argumentando que habrá “doble sanción” es una suerte de anuncio de que los agremiados piensan seguir cometiendo infracciones. Lo lógico, pues, es que la necesidad de sancionar devenga de infracciones que son la excepción, y no al revés, como sucede hasta ahora.

Según se sabe, la escala aprobada por la Alcaldía para sancionar infracciones en el servicio de transporte van desde Bs 20 hasta Bs 30, montos que en caso de agravantes se elevan a Bs 60 y a Bs 90; pero también son disminuidos si se pagan en un plazo de 24 o 48 horas. El Alcalde opina que “hay transportistas que quieren seguir viviendo en un escenario de caos y donde los únicos que ganan son ellos”.

Es, pues, deseable que este nuevo paso en el esfuerzo de transformar la vida urbana sea exitoso, ya que sus beneficios inmediatos serán sentidos por esa inmensa mayoría de la población, que usa cotidianamente el transporte público y que hasta ahora cumple más el papel de víctima que de usuaria del servicio. Tener transporte público de calidad es un derecho.

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