Editorial

Negligencia médica

Para funcionar y cumplir su objetivo, las leyes necesitan de un sistema judicial probo

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

01:54 / 27 de diciembre de 2014

Los casos de negligencia médica son corrientes en el país. Si bien no existen estadísticas oficiales, pues el hecho aún no está tipificado como un delito en las leyes nacionales, en 2013 los servicios departamentales de salud recibieron más de un centenar de denuncias de mala praxis médica, y los datos proporcionados hasta ahora apuntan a que este año la cifra será aún mayor.

El último Informe La Razón, publicado el lunes, versa sobre este polémico asunto, que no tiene visos de resolverse, pese a que en estos momentos se debaten en la Asamblea Legislativa tres propuestas que buscan establecer el procedimiento y sanciones para los hechos de negligencia médica.

Si bien una norma específica permitiría subsanar los vacíos jurídicos existentes, promete convertirse en una nueva fuente de problemas, ya que los galenos han amenazado con dejar de atender a la población en caso de que se apruebe la ley de marras. Uno de los argumentos esgrimidos para oponerse a la norma es la falta de legitimidad del sistema judicial del país que, como bien se sabe, funciona solamente para quienes tienen el tiempo, los recursos y la paciencia necesarias para engrasar sus corroídos engranajes.

Además, existe la sospecha de que son varios los casos en los que los fiscales y jueces, más que ejercer justicia, se limitan a encontrar chivos expiatorios para calmar los ánimos de la población, sobre todo en casos complejos como cuando las víctimas son bebés; y en muchas más ocasiones, antes que preocuparse por hacer prevalecer la ley, responden a intereses de grupos de poder.  

Ciertamente estas preocupaciones son válidas y deberían ser tomadas en consideración. No obstante, habida cuenta de la gran cantidad de casos de negligencia médica sin resolver (el Comité Nacional de Lucha contra la Negligencia Médica estima que en los últimos 25 años se registraron al menos 5.000 casos de mala praxis, pero únicamente tres galenos se encuentran tras las rejas), urge promulgar una norma específica, pues esta ausencia jurídica es, junto con otros tres factores, una de las principales razones por las que la impunidad constituye una norma a la hora de juzgar este tipo de hechos.

Los otros aspectos que impiden que una víctima y/o sus familiares alcancen justicia son la retardación del sistema judicial, la falta de celeridad de los centros médicos que demoran hasta ocho meses en entregar el historial clínico de los pacientes en este tipo de situaciones, y la falta de instrumentos jurídicos para inhabilitar a un galeno que resulte culpable por su “falta de pericia”.

En resumidas cuentas, se trata de un asunto en verdad complejo, que no se va a resolver solamente con la promulgación de nuevas normas, pues para funcionar y cumplir su objetivo, las leyes necesitan de un sistema judicial probo y eficiente, algo de lo que carece el país.

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