Editorial

‘Nepotismo humanitario’

Más allá de sus connotaciones, el hecho interpela la actual política estatal de seguridad ciudadana

La Razón (Edición Impresa)

23:32 / 28 de diciembre de 2019

Ha generado sorpresa y multitud de críticas la decisión de la presidencia provisoria de designar a la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, como cónsul de Bolivia en Miami. Se cuestiona lo que, desde diferentes voces, es calificado como un acto de nepotismo. Es sugestiva, en particular, la razón alegada para tal designación y la fuente de información oficial.

“Como Canciller recibo sugerencias y también instrucciones para ocupar ciertos cargos”, admitió la titular del área, Karen Longaric. No se sabe si la designación en cuestión fue resultado de una sugerencia o de una instrucción. Lo cierto es que el “argumento” utilizado para favorecer a la señora Murillo con un cargo consular es que se trató de “un acto de humanidad” (sic). No fue decisión de Longaric, sino de “la Presidente”. El objetivo declarado es precautelar la seguridad de la ahora cónsul.

Resulta en extremo preocupante que el Ministerio de Gobierno no garantice la seguridad ni siquiera de la hermana del titular de esa cartera. Nada menos. Y que por esa causa deba dársele un consulado en una ciudad cerca del sol y lejos del Chapare. Si esa es la situación, ¿qué pueden esperar las personas que son objeto de asedio, persecución y amenazas pero no tienen parientes en el Ejecutivo? Más allá de sus connotaciones, el hecho interpela la actual política estatal de seguridad ciudadana.

En cuanto a la designación que nos ocupa, es al menos extraño que el comunicado oficial sobre las razones de la decisión gubernamental no provenga de la Cancillería, como debiera esperarse, sino del Ministerio de Gobierno. Hay al menos dos versiones contradictorias. Mientras la titular de Relaciones Exteriores trata de justificar la designación pese al parentesco y dice que “no es nepotismo”, su colega de Gobierno informa el verdadero motivo. No es, pues, un tema de capacidades, sino de “humanidad”.

Cierto que estos hechos de favoritismo o preferencia por parientes para el nombramiento en cargos públicos, que no son necesariamente actos ilegales, fueron moneda común en anteriores gobiernos (el “caso Silva” es deplorable en la gestión del MAS), pero quizás sea la primera vez que un puesto consular se otorga para cuidar la seguridad de la persona beneficiada. Se estaría estrenando así lo que algunos ya denominan “nepotismo humanitario”. Claro que no es la regla, sino un caso excepcional.

Dicen que para la Cancillería es más fácil designar otra cónsul que cambiar el concepto de nepotismo. Tienen razón. Por eso harían bien “la Presidente” y Longaric en dar marcha atrás en este caso. Aunque, viéndolo bien, lo que más debiera preocuparnos y generar multitud de críticas es que el actual Ejecutivo, sin asumir su carácter transitorio, esté empeñado en trastornar la política exterior del Estado boliviano con decisiones precoces que, en rigor, corresponderán a un Gobierno electo en las urnas.

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