Editorial

Nueva Constitución

La Ley de Leyes boliviana, que cumplió cinco años, está todavía en implementación.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 09 de febrero de 2014

El viernes, la Constitución Política del Estado cumplió cinco años de vigencia. Dependiendo de a quién se le pregunta, la evaluación del primer lustro del Estado Plurinacional puede variar desde el mayor optimismo al desencanto, pasando por el simple rechazo. En lo que sí hay consenso es en el hecho de que la Ley de Leyes boliviana está todavía en implementación.

Consultado por este diario, un analista afirmó que si bien el texto es interesante, la Constitución “sigue siendo, en algunos casos, nada más que un buen deseo”. Desde la vereda del frente, el presidente de la Cámara de Senadores afirma que el 60% de las leyes para implementar la estructura legal necesaria para aplicar las provisiones constitucionales ya han sido aprobadas y promulgadas. Anuncia que hasta el fin de la legislatura aprobarán otro 30%.

Sin embargo, también hay que considerar que no pocas de esas leyes “estructurales” todavía no son de plena aplicación debido a la falta de reglamentación específica, cuando no de falta de voluntad política de los agentes involucrados en su cumplimiento. En esto, todos los niveles gubernativos tienen su cuota parte, y las gobernaciones que aún no concluyeron sus estatutos son una rémora para el proceso de establecimiento del Estado autonómico.

Otros, desde una perspectiva opositora, sostienen que el Gobierno es el primero en incumplir las disposiciones de la CPE, y citan casos de violación de los derechos humanos y vulneración de derechos indígenas, olvidándose, sin embargo, de enmarcar esas fallas en un contexto mayor de abundantes logros y avances en materia de desarrollo y justicia social. No se trata, aquí, de justificar los ostensibles errores que se cometen en la gestión pública, sino de recordar que Bolivia atraviesa un largo proceso de transformación del Estado, en el que los conflictos entre doctrina y práctica son inevitables. Las autoridades, por su parte, tienen la obligación de resolver de manera creativa tales conflictos.

Asimismo, es bastante claro que la cantidad de reclamos a las autoridades de gobierno por supuestos o evidentes incumplimientos de los mandatos constitucionales es un indicador de cuánto conoce la sociedad sobre la Constitución y cuánto se ha apropiado de los derechos establecidos en ella, como probablemente nunca antes haya sucedido en el país.

Queda pendiente, después de un lustro de su promulgación, mucho más que aprobar un conjunto más o menos numeroso de leyes mayores para que la CPE sea completa y correctamente cumplida. Es necesario construir una institucionalidad estatal, en todos los niveles gubernativos, capaz de ser resistente a los embates de la política menuda y, sobre todo, de ejecutar eficazmente las políticas públicas. En esto, el liderazgo de las autoridades es imprescindible, pero también lo es el compromiso y esfuerzo de todos quienes sirven a ese Estado.

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