Editorial

OEA y mar

El Gobierno chileno tiene ahora la difícil tarea de demostrar su voluntad de diálogo

La Razón / La Paz

00:32 / 07 de junio de 2012

Aunque el tema central de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada entre el domingo y el martes en Tiquipaya, Cochabamba, fue la seguridad alimentaria con soberanía, previsiblemente la atención mediática se centró en el reclamo boliviano de acceso soberano al mar. El resultado de esta gestión permite lecturas contrapuestas.

En efecto, muchos discursos mediáticos hicieron énfasis en una supuesta necesidad de lograr una nueva resolución de la OEA en favor de la demanda boliviana, pese a que el propio Canciller del Estado aseguró reiteradamente que no había tal objetivo, aunque sí se incluyó en la agenda de la Asamblea, como en todas las anteriores, el punto en el que Bolivia informa sobre el estado de su diferendo con Chile, considerado como de interés regional desde 1979.

El Canciller boliviano, durante su alocución ante la plenaria, fue muy enfático al señalar el enorme costo que representa para Bolivia el no tener acceso soberano a las costas marítimas, así como en denunciar, nuevamente, los puntos en que Chile incumple el Tratado de Paz y Amistad de 1904, para finalizar pidiendo no una declaración sobre la multilateralidad del conflicto, sino que el Gobierno del vecino país se avenga a renegociar dicho Tratado. La respuesta del Canciller chileno también se enmarcó dentro de lo previsible, aunque fue indisimulable la arrogancia en sus palabras, pues señaló todos los puntos en los que supuestamente su país cumple con el Tratado de 1904, respondió con evasivas a la posibilidad de discutir el documento y, finalmente, afirmó que Chile no moverá sus fronteras y que eso “no va a cambiar”.

Las reacciones de los cancilleres del resto de los países presentes fueron unánimes: el asunto es de interés de todos los Estados miembros de la OEA, pero la solución debe hallarse a través del diálogo bilateral. El Vicecanciller boliviano agradeció estas declaraciones y recordó que es obligación constitucional del Estado boliviano denunciar los tratados internacionales contrarios a los intereses nacionales, siendo el de 1904 el principal de ellos.

Las repercusiones en el país, lejos de valorar la propuesta del Canciller, se limitaron a calificar de fracaso la participación boliviana; diversos portavoces de la oposición al Gobierno lamentaron que la Asamblea no hubiera calificado el tema como multilateral o instado a Chile a devolver a Bolivia su acceso pleno al mar, cosa que no corresponde en ese tipo de escenarios.

Es, pues, imposible calificar el resultado de la gestión boliviana en la Asamblea General de la ONU como bueno o malo, pues ni ha sido completamente infructuosa ni correspondía esperar mucho más de la reunión. En todo caso, el Gobierno chileno tiene ahora la difícil tarea de demostrar su voluntad de diálogo, abriéndose a discutir un tratado que, dígase lo que se diga, es evidentemente injusto.

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