Editorial

Intervención financiera

Con esta medida se ganó en eficiencia, pero con un elevado costo en inclusión financiera

La Razón Digital

07:03 / 23 de mayo de 2016

Los días precedentes, el sistema de intermediación financiero boliviano estuvo cargado de tensión por la intervención y posterior procedimiento de solución aplicado a la Entidad Financiera de Vivienda La Paz (ex Mutual La Paz), que según la Ley de Servicios Financieros, la causal para tal acción fue un flagrante incumplimiento a su plan de regularización presentado a la Asfi.

La intervención fue impecable en términos de control y mitigación ante posibles efectos sistémicos asociados a una fuga inesperada de depósitos, lo que hubiese podido ocasionar la abrupta salida del mercado de una entidad financiera. El bien mayor se precauteló, y el mandato que tiene el regulador de proteger los ahorros del público fue precautelado hasta que las operaciones de crédito y ahorro de la exmutual fueron transferidos al banco responsable para su gestión. Se trató de una adecuada y oportuna reacción correctiva en el ámbito financiero; sin embargo, quedaron muchas interrogantes respecto al tiempo en que la Asfi tomó para actuar, cuando en la misma ley existen otros caminos más “amigables” y menos costosos que se pueden asumir sin generar incertidumbre en la población en general y en los ahorristas de la entidad en particular.

Entre las preguntas que quedan para la reflexión están; ¿por qué la Asfi concedió una licencia de funcionamiento a la exmutual para luego, en un tiempo muy corto, intervenirla y obligarla a traspasar sus operaciones? Si los problemas fueron de gobernabilidad, ¿por qué la Asfi no suspendió a los directores que estaban afectando el buen gobierno corporativo? Si la problemática fue financiera, ¿por qué la Asfi no promovió una fusión o compra ordenada de activos antes que una nerviosa intervención? Si el problema fue de flujo de información, ¿por qué los reportes mensuales que emite el regulador no contemplaban el supuesto deterioro patrimonial de la entidad intervenida? La ciudadanía y usuarios del sistema financiero merecen respuestas consistentes de parte de las autoridades responsables del área.

En todo caso, la salida de un agente de intermediación, que en este caso tenía una naturaleza y objetivo social antes que comercial, siempre representa una pérdida en términos de competencia del mercado y contravendría a la misma Constitución Política, que establece la responsabilidad gubernamental de alentar la creación y fortalecimiento de entidades financieras no bancarias que contribuyan con inversión socialmente productiva, antes que promover su absorción o venta a los agentes bancarios tradicionales.

En resumen, se ganó en eficiencia, pero con un elevado costo en inclusión financiera, porque con la desaparición de la ex Mutual La Paz el modelo de participación ciudadana en la base accionaria desaparece, reduciendo a todos a ser meros clientes sin posibilidad de democratizar el excedente financiero.

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