El paro del lunes 13, sus características y las prácticas de los choferes son apenas las manifestaciones más conspicuas de toda una cultura en torno al transporte de pasajeros en La Paz (con diferentes matices, la situación es igual en otras ciudades capitales del país), y es evidente que solo la voluntad del Gobierno Municipal no alcanza para cambiar las cosas.

En efecto, el paro del transporte que el 13 de junio prácticamente paralizó no solo la sede de gobierno, sino también el tránsito entre ésta y su vecina El Alto, fue exitoso (al menos desde la perspectiva de sus organizadores) porque hubo un despliegue de fuerza excesivo y poca o ninguna contención policial. La violencia campeó en los puntos de bloqueo, se impidió el libre tránsito de automóviles por las calles de la ciudad, y aquellos choferes que no acataron el paro fueron físicamente castigados sin piedad por sus colegas movilizados.

La situación y las prácticas no son nuevas, lo que sí hace la diferencia con relación a años anteriores es que ahora existen dos sistemas de transporte público que de a poco comienzan a integrarse entre sí. Lamentablemente, el PumaKatari y el Teleférico no abastecen a toda la demanda de la ciudad.

Pasado el paro y a lo largo de toda la semana hubo un tira y afloja entre la dirigencia de los transportistas y la municipalidad. Los primeros exigen una revisión de las normas aprobadas antes del ajuste de tarifas de febrero, cuando se comprometieron a cumplir con mínimos estándares de calidad, que al cabo del plazo no fueron observados por todos los choferes. A cambio, denunciaron abusos de la guardia edil, en cumplimiento de su mandato para imponer multas y hasta decomisar placas de circulación por incumplimiento de los estándares citados.

Estos extremos, sin embargo, son solo el producto de una larga serie de prácticas en cuya base se encuentra una suerte de desprecio no solo por las normas de tránsito (y a veces, hasta del sentido común), sino también por las y los usuarios, que a su vez soportan resignados la mala calidad del servicio y el maltrato de muchos de los prestadores, sin que haya autoridad capaz de cambiar ese estado de cosas. Si a eso se le suman actos de violencia, como los ya nombrados, que no son sancionados, queda una sensación de impunidad, que abona a las malas prácticas y las profundiza.

La Policía Nacional, incluyendo a su Organismo Operativo de Tránsito, y el Ministerio Público podrían tomar cartas en el asunto, pues en cada paro se cometen varios delitos, así como a diario se vulneran las normas, pero es apenas la Guardia Municipal, con sus limitaciones tanto logísticas como de atribuciones, la que hace los esfuerzos necesarios. Urge que las autoridades de todos los niveles gubernativos asuman sus responsabilidades e impongan de una vez una nueva cultura del servicio entre los transportistas.