Editorial

Seguro obligatorio

Urge que los sectores involucrados  en el desaguisado hagan un examen de lo sucedido.

La Razón (Edición Impresa)

07:07 / 02 de marzo de 2017

A fines de diciembre pasado, las filas para adquirir el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) eran largas y frustrantes, pues al tiempo que toma llenar la papelería se sumó el hecho de que las viñetas autoadhesivas no fueron entregadas oportunamente; por esta causa, el plazo se amplió hasta el último día de febrero, causando desorden e incertidumbre. El resultado, desde el punto de vista de las y los conductores, es que muchos perdieron de vista —o decidieron ignorar— el plazo final para adquirir el seguro, de tal modo que según datos proporcionados por la aseguradora UNIVida —entidad responsable del seguro, en acuerdo con otras dos empresas—, hasta el jueves 23 de febrero solo el 48,43% del parque automotor boliviano, conformado por 1,68 millones de unidades, había adquirido la póliza.Desde el punto de vista de la aseguradora, el problema ha significado, además de una pésima campaña de ventas —expresada en el hecho de que solo la mitad de los automóviles tiene el SOAT— un gasto de Bs 30 millones para ampliar la cobertura del seguro correspondiente a 2016 durante enero y febrero del año en curso.

Todavía falta saber, por una parte, qué sanciones corresponden a la empresa que falló en la provisión de las nuevas rosetas para el SOAT, y, por otra, las implicaciones que tendrá el gasto arriba señalado para la empresa aseguradora, subsidiaria del Banco Unión, de propiedad estatal y, por lo tanto, pública.

Desde el punto de vista del Estado, el retraso en la vigencia del SOAT 2017 representa un retroceso en la aplicación de una política pública que, con todos sus defectos, ha sido demostradamente exitosa al proveer cobertura universal a las víctimas de accidentes automovilísticos, incluso si la prima no logra cubrir el total de los gastos médicos. Será bueno, en este sentido, que la Autoridad de Seguros y Pensiones haga públicos sus procedimientos de monitoreo y sanción aplicados en este caso.

Con todo, debe reconocerse que, de manera onerosa o no (esperemos que las autoridades del sector aclaren este extremo), la cobertura del SOAT no se ha perdido ni un solo día, excepto para quienes, desde ayer, carecen del seguro y han logrado evadir el control que la Policía ha iniciado para evitar que coches sin seguro estén circulando por calles, avenidas y carreteras del país.

Urge, pues, que todos los sectores involucrados en el desaguisado hagan un cuidadoso examen de lo sucedido, pues desafortunadamente, en este caso, es poco razonable culpar a la proverbial costumbre de la población de dejar “todo para el último momento” y más bien buscar los errores cometidos, para saber qué no debe hacerse nunca más de esa manera, ya que una posible interpretación de parte de conductores y propietarios de automóviles sería: “si el Estado no se preocupa de que esto funcione bien, ¿por qué habría yo de molestarme en ser cumplido y puntual?”.

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