Editorial

Parar la discriminación,

Para avanzar, se debe empezar por reconocer las múltiples formas de discriminación

La Razón

01:10 / 24 de febrero de 2012

La lucha contra el racismo y toda forma de discriminación es una tarea de largo plazo. La existencia de una norma que establece sanciones y, sobre todo, la institucionalidad que ejecute esa lucha es apenas el primer paso; el siguiente y más difícil es involucrar a la sociedad, pues de todas y todos depende el cambio de actitudes y comportamientos.

Días atrás, en entrevista con este diario, el Viceministro de Descolonización, autoridad de la que depende la Dirección General de Lucha Contra el Racismo (DGLCR), señaló que hasta ahora se ha avanzado en la construcción de la institucionalidad señalada en la Ley 045, pero que el trabajo falla en la obligatoria adecuación de los estatutos internos de las instituciones y empresas públicas y privadas a lo dispuesto por la norma.

En efecto, el Viceministerio de Descolonización, perteneciente al Ministerio de Culturas, conformó en 2011 el Comité Nacional dispuesto en la Ley 045, inició el proceso de difusión de información relativa al racismo y las demás formas de discriminación y, recientemente, dio inicio al trabajo de una Comisión Permanente del citado Comité, conformada por representantes de instituciones sociales, ONG, el Órgano Ejecutivo, y organizaciones de derechos humanos, entre otras.

La autoridad explicó que esta Comisión tiene el objetivo de tratar los temas relacionados con las manifestaciones de las diferentes formas de discriminación en la sociedad y la manera de atenderlas, especialmente en el ámbito de las denuncias y la potencial conflictividad que algunas de éstas entrañan, trabajo que se espera sea más ágil y efectivo.

Según un informe de la DGLCR, en 2011 se registró 139 denuncias por racismo y discriminación, la mayor parte contra servidores públicos de los ámbitos de salud y educación. El informe detalla que de los 139 casos, el 80,6% proviene de las grandes urbes y el resto del área rural; asimismo, el 51,8% se registra en el ámbito público y 48,2% en el privado.

Sobre esa base, está claro que ni la norma sola ni tan siquiera la amenaza implícita en la existencia de tipos penales con su correspondiente sanción logran operar un cambio verdadero en la sociedad. Ocurre que, como ha señalado el viceministro, las múltiples formas de discriminación están naturalizadas, lo que significa que ni siquiera son consideradas como tales por grandes sectores de la sociedad. Mientras no exista presión desde todos los ámbitos, para siquiera comenzar a reconocer su existencia, es poco lo que puede cambiar.

Hay, pues, mucho que hacer desde todos los ámbitos contra el racismo y la discriminación, y más aún si se asume el reto lanzado por el viceministro de erradicar estos males en el plazo de una década. Es posible, aunque no necesariamente fácil.

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