Editorial

Una más de la Policía

Lo sucedido en Miami es una nueva prueba del mal que aqueja a toda la Policía

La Razón / La Paz

01:40 / 06 de septiembre de 2013

Lo sucedido el fin de semana en Miami, Estados Unidos, donde un oficial de la Policía Boliviana fue detenido en flagrancia cuando cobraba el dinero de un intento de extorsión al expropietario de AeroSur, es mucho más que un escándalo que involucra a un uniformado temerario y corrupto, es una nueva prueba del mal que aqueja a toda la institución del orden.

En efecto, Mario Fabricio Ormachea Aliaga, hasta hace unos días jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción de la Policía, fue detenido el sábado en Miami por agentes del FBI cuando intentaba extorsionar al expropietario de AeroSur, Humberto Roca. Tan pronto como la información se hizo pública, la Policía Nacional informó que se trata de un desertor y que viajó a ese país sin autorización de la institución. Hasta ahí existe una vergonzante anécdota, que por supuesto no debe quedar como tal, sino que demanda una cuidadosa investigación seguida de la sanción que corresponda contra el corrupto policía; no obstante, la noticia permitió que se conozcan los antecedentes del ahora acusado, dando pie a que se cuestione, una vez más, la idoneidad de los miembros de la Policía.

Entre los datos que se hicieron públicos el jueves se señala que Ormachea ya había sido investigado por el delito de falsificación en 1999, y hace ocho meses fue denunciado por intento de extorsión. En el primer caso, la información sirve como ejemplo y evidencia en un libro sobre la Policía que lleva la firma del ahora Ministro de la Presidencia. Los constantes llamados de las autoridades a erradicar la corrupción en la institución, y las promesas en ese sentido cada vez que un nuevo comandante es posesionado no han servido de nada.

El segundo dato provino de un excomandante de Policía, actualmente procesado por corrupción, quien informó que envió al Comando ocho cartas en las que denunció que Ormachea formaba parte de una red de extorsión, junto con otros policías y fiscales, que intentó cobrarle $us 20.000. Es evidente que estas denuncias no fueron tomadas en cuenta, ni siquiera como razonable duda a la hora de poner al acusado a cargo de la unidad que debe investigar y perseguir los delitos de corrupción.

El efecto de opinión inmediato ha favorecido a los abogados del empresario prófugo de la justicia, pues han hablado de persecución política y falta de idoneidad del sistema penal boliviano, permitiéndoles, como en tantos otros casos, disfrazar de comprensible indignación la verdadera situación de su cliente.

El otro efecto ha sido una nueva confirmación de que la Policía es todo menos una institución confiable, y ello debiera ser motivo de urgente preocupación, sobre todo porque sus miembros son los únicos con autorización para portar armas, y han demostrado ser un factor de desestabilización e ingobernabilidad cada vez que sus intereses son afectados.

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