Editorial

Política sobre la coca

Con esta disposición es poco probable que se mantenga la tendencia de disminución.

La Razón (Edición Impresa)

21:12 / 24 de febrero de 2017

Se está aprobando una ley que autoriza 22.000 hectáreas para el cultivo legal de coca. Esta norma formaliza lineamientos que ya estaban de facto en vigencia por sucesivas decisiones gubernamentales desde el 2004. Sin embargo, obliga a un reforzamiento del control y la erradicación en las zonas no autorizadas para ratificar el compromiso del país con la lucha contra el narcotráfico.

La cuestión de la coca ha sido uno de los temas más polémicos de la política nacional desde el retorno de la democracia. En torno a ella convergen temáticas complejas de alcance nacional e internacional. Es un tema que involucra a decenas de miles de ciudadanos, que ha producido conflictos sociales que han costado vidas y que ha sido uno de los factores asociados al surgimiento del MAS y del liderazgo del actual Mandatario. Por estas razones, los equilibrios y compromisos en esta temática serán siempre muy difíciles.

La nueva ley pretende actualizar y formalizar los elementos clave que han orientado la política sobre la coca después de que se hicieron evidentes los altos costos para la estabilidad del país de la erradicación forzosa de los cultivos. La decisión del gobierno del presidente Mesa de autorizar en 2004 un “cato de coca” en el Chapare fue una primera ruptura con las directrices de la Ley 1.008 de 1998, que luego se profundizó en el gobierno del MAS con la implementación del sistema de control y erradicación voluntaria en estrecha coordinación con los sindicatos de cocaleros.

Los resultados de esta política han sido, hasta ahora, positivos. Bolivia ha disminuido el cultivo de coca desde 31.000 hectáreas en 2010 a algo más de 20.000 en 2015, siendo el país con menor superficie cultivada de los tres que son monitoreados por las Naciones Unidas en América del Sur (Perú, Colombia y Bolivia) sin generar violencia sobre los cultivadores ni usar sistemas peligrosos como las fumigaciones aéreas. Este resultado contrasta, por ejemplo, con la situación colombiana en la que se cultiva casi cinco veces más que en Bolivia y aumenta la actividad pese a que es una actividad totalmente ilegal en ese país.

La nueva ley ratifica las orientaciones que se vienen aplicando desde hace 10 años y autoriza una superficie de cultivo de 2.000 hectáreas más alta de la que ya se tiene, ratifica globalmente las zonas de cultivo legal y endurece las sanciones cuando se realiza en otras áreas. Sin embargo, con esta disposición es poco probable que en el futuro próximo se mantenga la tendencia de disminución observada en los últimos años. Habrá entonces que explicar a la comunidad internacional sobre las perspectivas de este contexto de estabilización de la superficie cultivada, ratificando el compromiso del país con una frontal lucha contra el narcotráfico mediante un control más estricto de la comercialización de la hoja y una acción enérgica para evitar su expansión en zonas no autorizadas.

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