Editorial

Prácticas con animales

Estas prácticas se realizan sin procedimientos que eliminen el sufrimiento de los animales.

La Razón (Edición Impresa)

00:20 / 21 de septiembre de 2016

Días atrás, varios estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se dirigieron a la organización Qanasa para denunciar el sacrificio de animales de manera cruel en las prácticas que se imparten en la Carrera de Medicina Veterinaria de esa casa superior de estudios. Esto a pesar de que existe una ley (700) que prohíbe todo acto de tortura contra los animales.

Consultado por este diario, el director de esa carrera reconoció el uso de animales en las prácticas, pero a modo de descargo agregó que se trataría de especímenes “enfermos” que están “en las últimas etapas” de su dolencia y que constituirían un peligro para sus congéneres. Sin embargo, según la denuncia de los universitarios, los docentes no discriminan entre animales sanos o enfermos, simplemente se limitan a exigir a sus estudiantes que consigan diferentes especies (perros, gatos, conejos, borregos y gallinas, entre otros) para las prácticas; y les sugieren adquirirlos en la Feria 16 de Julio de esa ciudad. Y en caso de no tener recursos para ello, les aconsejan recogerlos de las calles; sugerencia que les puede “servir” para el caso de los perros y gatos, pero no para el resto de las especies.

Ahora bien, además de impulsar el robo de animales de granja para cumplir con estas demandas, el problema es que estos ejercicios se realizan sin seguir pautas ni reglamentos que eliminen o al menos atenúen el sufrimiento de los animales, según han señalado los propios universitarios. Y si bien la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato, promulgada en junio de 2015, permite que laboratorios y universidades usen e incluso maten animales en nombre de la ciencia, estipula que cualquier acto que implique la “tortura o crueldad” de animales es considerado un “biocidio”, es decir, un delito, sancionado con penas de hasta cinco años de cárcel.

Al respecto cabe aclarar que la Ley 700 no ha podido ser puesta en práctica hasta la fecha debido a la ausencia de una reglamentación regional y de políticas municipales para tal efecto. Y este déficit ha impedido que por ejemplo de los al menos 124 biocidios que se han registrado en el occidente del país desde la promulgación de la mencionada norma, ninguno de los agresores ha recibido hasta ahora una sentencia.

Urge en este sentido que las asambleas departamentales y los gobiernos municipales se pongan las pilas para reglamentar y ejecutar la Ley de Defensa de los Animales, y no solamente para evitar que el maltrato y el biocidio de animales quede en la impunidad, sino también para asegurarse de que las universidades y centros de investigación se rijan por normas y protocolos que garanticen que los animales utilizados no padezcan ningún sufrimiento, con el empleo adecuado de tranquilizantes, anestesias y eutanasias luego de las prácticas; que es lo mínimo que se le debería otorgar en reconocimiento a su sacrificio.

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