Editorial

Proyecto de indulto

Se debe garantizar que un posible indulto llegue sólo a quienes se busca beneficiar

La Razón / La Paz

00:14 / 09 de agosto de 2012

El Director de Régimen Penitenciario anunció que trabaja en un proyecto de política de indulto para liberar al menos a 5.000 presos. Entre ellos, a los encarcelados por narcotráfico con sentencias mínimas, a delincuentes “primerizos”, ancianos y a mujeres que viven con niños. Aunque no se ejecutará en lo inmediato, la iniciativa es tan polémica como necesaria.

En efecto, coincidiendo con la iniciativa de la máxima autoridad del sistema penitenciario, el expresidente Eduardo Rodríguez reflexionaba en su columna del domingo último sobre la necesidad de hallar una solución estructural al drama de las cárceles en el país, particularmente en el caso del penal de San Pedro, en La Paz. Al respecto, escribió  que “la precaria situación de los recintos penitenciarios en Bolivia fue y sigue siendo una preocupación que no encuentra un desenlace racional”, añadiendo que “un reciente estudio realizado por varias instituciones sobre la detención preventiva y el sistema procesal penal da cuenta que en este tiempo la población penitenciaria del país se ha duplicado, el índice de presos sin condena está próximo al 90%, y las condiciones de hacinamiento se han deteriorado”.

Esas son, precisamente, las razones que impulsan al Director de Régimen Penitenciario a considerar la necesidad de indultar a campesinos y gente pobre detenida en las cárceles por haber trabajado como “mulas” del narcotráfico, a madres de niñas y niños pequeños, o a personas de la tercera edad, que sin duda, por sus condiciones, son quienes llevan la peor parte de la vida en prisión. En todo caso, explicó la autoridad, cada uno de los casos merecerá un estudio y análisis particular, lo que incluso habilitaría la posibilidad de revisar sentencias de hasta 30 años, que es la pena máxima admitida en el Código Penal boliviano.

La base para esta propuesta está en la Constitución Política del Estado, en la que se establece que el Presidente del Estado puede “decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

Sin embargo, así como es fácil percibir la buena voluntad en el proyecto de política de indulto, también es posible identificar los aspectos polémicos, particularmente al indultar a las y los procesados por delitos vinculados al narcotráfico; primero porque es frecuente encontrar en ese ámbito a lobos disfrazados de ovejas; y segundo, porque el tema habitualmente es empleado para dañar políticamente al Gobierno.

Hay, pues, razones para apoyar la iniciativa, en el nombre de los derechos humanos de las y los privados de libertad, tan menoscabados en el ámbito penitenciario; pero también es imprescindible un proceso de reflexión y maduración, para asegurar que el indulto sólo beneficie a quienes lo merecen; pero sobre todo que sea efectivo, pues no es la primera vez que se considera tal posibilidad.

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