Editorial

Resolución 001/2014

Estamos sin duda ante un escenario político que está planteando importantes desafíos

03:11 / 23 de enero de 2014

El 2 de enero, apenas iniciado el nuevo año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió la Resolución 001/2014, mediante la cual fija el monto de las multas y sanciones por faltas electorales en el ámbito de las próximas elecciones generales de octubre de 2014. Esta reglamentación ha generado controversia y reacciones en torno a la campaña y propaganda electoral.

Lo primero que llama la atención de la citada resolución, elaborada de conformidad a la actual Ley del Régimen Electoral, es que se haya emitido con tanta anterioridad a la votación. Así, cuando ni siquiera las elecciones han sido convocadas oficialmente por el propio TSE, ya se determinó el monto de las multas y sanciones que deben pagar quienes cometan delitos electorales, a saber, jurados ciudadanos, notarios electorales, servidores públicos, organizaciones políticas y particulares.

En general, el contenido de la Resolución 001/2014 es igual al que emite el Órgano Electoral en todos los comicios con el objetivo de penar delitos electorales y, de ese modo, precautelar el proceso. Lo novedoso (y problemático) de esta norma tiene que ver con la inclusión de multas y sanciones para las organizaciones políticas que realicen campaña y/o propaganda electoral “con anterioridad a la publicación oficial de la convocatoria”. La dificultad, como pronto se ha visto, radica en tipificar tales faltas.

El aspecto crítico del reglamento en cuestión radica en definir si, por ejemplo, la proclamación de una candidatura, aunque todavía no sea oficial, puede ser considerada campaña electoral. O si la publicación en prensa de las bases programáticas o los principios de una organización política es o no propaganda electoral. Ni qué decir de los actos públicos o la entrega de obras por parte del Gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías. ¿Son campaña? ¿Forman ya parte del proceso electoral?

Otro punto innovador de la norma, que también puede generar dificultades, es la regulación de los estudios de opinión con fines electorales. A diferencia del pasado, ahora las personas jurídicas públicas y privadas (incluidos los medios de comunicación) que pretendan difundir encuestas de intención de voto o, el día de la votación, resultados en bocas de urna, deben registrarse ante el Órgano Electoral, y se establecen plazos para el efecto. La resolución establece asimismo multas al respecto.

Estamos sin duda ante un escenario político que, de manera prematura, está planteando importantes desafíos no solo para la institucionalidad electoral y la normativa vigente, sino también para las organizaciones políticas y las futuras candidaturas. Y eso que faltan nueve meses para el sufragio. Demás está decir que al final del camino será la ciudadanía la que, con su voto, expresará sus preferencias electorales y, en su caso, sancionará extravíos y excesos preelectorales.

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