Editorial

Salario de autoridades

Salarios poco competitivos impiden reclutar los mejores recursos humanos

La Razón / La Paz

00:04 / 29 de marzo de 2013

Una demanda que aparece de manera recurrente en el sector público, particularmente entre quienes ostentan cargos de elevada posición o responsabilidad, es la de incrementar el salario que perciben, basada en el argumento de que el límite actualmente en vigencia no es realista. La más reciente demanda ha sido presentada por las autoridades del Órgano Judicial.

En efecto, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) plantea que en el Órgano Judicial el salario mínimo sea de Bs 3.000 y el máximo de Bs 24 mil; además, propone la modificación del decreto supremo que dispone que nadie puede ganar más que el Presidente del Estado. Según los datos difundidos por la institución que agrupa a los magistrados, actualmente, el salario mínimo para empleados del Órgano Judicial es de Bs 1.000; el juez de partido gana un promedio de Bs 8.000; el juez de instrucción Bs 9.000; el vocal Bs 13 mil y el magistrado Bs 14.500.

La propuesta, dada a conocer el miércoles en Sucre por Amabol, establece un salario mínimo de Bs 3.000 para las y los trabajadores del Judicial, es decir 1.000 más que en el Órgano Ejecutivo, y que el juez de partido no gane menos de Bs 12 mil; un juez de instrucción, 14 mil; un vocal, 18 mil y el magistrado, 24 mil.

Por su parte, el Gobierno, apenas conocida la propuesta, descartó un incremento del salario de los magistrados y de otros funcionarios del Órgano Judicial, debido a que no se muestran resultados ni hay un cambio de actitud. Al respecto, la Ministra de Justicia descartó esa posibilidad y explicó que un posible incremento será posible “cuando muestren un trabajo efectivo, un nuevo mapeo de asientos judiciales, redistribución de acuerdo con la carga procesal”. Agregó la autoridad que los magistrados, así como el resto del personal, “lo que nos han dado es retardación de justicia, lo que nos están mostrando es que no hay un trabajo efectivo”.

Como parte de la argumentación en favor de este incremento en la escala salarial, los representantes de Amabol también mencionaron el caso de los trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que pese a ser servidores públicos están eximidos de los límites establecidos en la norma. Al respecto, la Ministra de Justicia hizo notar que se trata de trabajadores de un sector productivo que, de hecho, genera el grueso de los ingresos económicos del Estado.

Con todo, hay un debate todavía abierto, pues si bien es razonable imponer criterios de austeridad y señalar como principio el servicio público como tal y no como fuente de enriquecimiento, el ofrecer salarios poco competitivos atenta contra la posibilidad de reclutar los mejores recursos humanos, necesarios para el más óptimo funcionamiento de un Estado que se pretende central e imprescindible en todos los ámbitos de la vida nacional.

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