Editorial

Seguridad ciudadana

Los vecinos deben aprender a respetar en los demás los derechos que reclaman para sí

La Razón / La Paz

02:11 / 23 de diciembre de 2011

Desde hace ya bastante tiempo es evidente que la seguridad ciudadana se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de las personas en todas las ciudades capitales del país. Si bien la generación de políticas públicas al respecto es tarea del Gobierno nacional, los que mejor pueden intervenir en esta área son los gobiernos locales, como en La Paz.

En efecto, hay una creciente preocupación ciudadana por la delincuencia y  la violencia pública, con todos los males  y temores que ello produce. Las razones que explican este fenómeno están tanto en la evidencia “objetiva” que aportan las experiencias personales o de amigos y conocidos, como en los relatos mediáticos que enfatizan los sucesos más desafortunados y promueven con ellos la preocupación y el temor de sus audiencias, que a su vez demandan de las autoridades una respuesta que vaya más allá de los anuncios y la retórica habitual.

En el municipio de La Paz, años atrás se implementó un plan piloto denominado “Sopocachi, zona segura”, cuyos resultados tuvieron evaluaciones mixtas, pues   si bien se logró movilizar y comprometer con la causa tanto al vecindario y, particularmente, a los dueños de bares y restaurantes así como instituciones con sede en la zona, la delincuencia no necesariamente fue erradicada.

Con base en esa experiencia, días atrás el Gobierno Municipal formalizó su decisión de llevar esa misma experiencia a Villa Fátima y a la zona Sur de la ciudad, lugares donde, a través de encuestas, se ha identificado varios problemas vinculados con la seguridad ciudadana que preocupa a los vecinos. En ambos casos, en primer lugar se menciona el excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Robos y hurtos, circulación de automóviles con exceso de velocidad y embotellamientos son otras de las preocupaciones.

La versión del plan “Zona Segura”, según anunciaron las autoridades ediles, tiene cuatro componentes: mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura pública; regularización, control y fiscalización de actividades económicas; coordinación interinstitucional; y participación social y educación.

Éstos se traducirán en acciones integrales como la fiscalización del comercio, control y restricción de la venta de bebidas alcohólicas y alimentos en locales y en vía pública, mejoramiento del sistema de iluminación pública, reordenamiento vial, educación preventiva, instalación de líneas telefónicas gratuitas en los módulos policiales y el reforzamiento de la presencia policial.

Hay, pues, justificada expectativa en el plan que beneficiará a ambas zonas, pero pasar de las palabras a la acción y, sobre todo, obtener resultados visibles, demandará, además de tiempo y esfuerzo, el compromiso de los vecinos, quienes deben aprender, ante todo, a cumplir deberes y respetar en los demás     los derechos que reclaman para sí.

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