Editorial

Seguridad privada

Muchas empresas hacen lucrativos negocios con la seguridad, pero no todas son legales.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 13 de septiembre de 2015

La seguridad ciudadana es cada vez más un negocio rentable, pues la demanda de servicios de vigilancia a personas, hogares y oficinas crece casi al mismo ritmo que el descrédito de la institución señalada por la Constitución Política del Estado para brindar seguridad interna al país. Muchas empresas hacen lucrativos negocios con la seguridad, pero no todas son legales.

En efecto, según datos del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en La Paz de 109 empresas que brindan seguridad privada que se conocen, menos de la mitad tienen registro legal. La reciente preocupación de ese viceministerio proviene de un caso de acoso de parte de un guardia de seguridad privada a una estudiante en un colegio de la ciudad. Tal vez de no haber sido por esa denuncia, las autoridades habrían tardado aún más en enterarse de que la disposición al respecto, contenida en el decreto reglamentario de la Ley 264, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una Vida Segura, no se cumple.

El Jefe de la Unidad de Prevención del Delito explicó que corresponde a la Dirección Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dinacep), dependiente de la Policía Boliviana, ejercer tuición sobre estas firmas. Agregó que tras la verificación, se ha dado un plazo de diez días para que los responsables de las empresas no registradas realicen todos los trámites y regularicen su situación; de lo contrario, la Ley 264 establece que primero se les entregará una conminatoria escrita, luego se las sancionará con la suspensión temporal y, finalmente, con la clausura definitiva.

Según la citada Ley de Seguridad Ciudadana, entre los requisitos para obtener la resolución y la autorización de funcionamiento están el certificado de Fundempresa, el registro obligatorio de empleadores, una póliza de responsabilidad civil y otra contra accidentes del personal, la constitución de la sociedad y las hojas de vida de las personas que trabajarán como guardias privados, en éstas se deben incluir los certificados de antecedentes de cada uno de ellos emitidos por las fuerzas especiales de lucha contra el Crimen, el Narcotráfico y la Violencia. Una innovación al respecto está en que se prevé la aplicación de multas a aquellas personas que contraten empresas ilegales o no registradas. La vigilancia cibernética y el uso de cámaras de circuito cerrado también deberán ser regulados.

Tomando en cuenta que el origen de la proliferación de las empresas privadas de seguridad deviene del enorme fracaso del Estado en brindar a la población seguridad a través de la Policía, con el agravante de que algunos de los elementos de inseguridad están precisamente en sus filas, parece irónico que la institución del orden sea la encargada de controlar la prestación del servicio que aquí se comenta. Ojalá, pues, haya la suficiente responsabilidad al menos en esa tarea.

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