Editorial

Terrorismo separatista

El trágico resultado de la acción policial fue de dos detenidos y tres muertos

La Razón

06:04 / 23 de abril de 2012

Han pasado tres años desde aquella madrugada, cuando un grupo de élite de la Policía ejecutó un cruento operativo en Santa Cruz de la Sierra, que acabó con una célula paramilitar presuntamente organizada para ejecutar actos terroristas y provocar inestabilidad política. El resultado, sin embargo, todavía no ha sido la aplicación de justicia a los involucrados.

En efecto, el 16 de abril de 2009 el cuarto piso del hotel Las Américas en la capital cruceña fue escenario del operativo en el que la Policía desarticuló un grupo irregular conformado por cuatro mercenarios extranjeros y un boliviano-húngaro de abultada experiencia en guerras secesionistas. El trágico resultado de la acción policial fue de dos detenidos y tres muertos.

Se vinculó al grupo con un ataque con explosivos a la casa de cardenal Terrazas, que había ocurrido días antes, y luego se afirmó que el jefe de éste tenía planeado un sofisticado ataque para acabar con la vida del propio Presidente del Estado y su gabinete de ministros. Apenas al iniciar la investigación, el Ministerio Público encontró abundante evidencia que vinculaba a miembros de la élite cruceña en algo que parecía una conspiración contra el Gobierno.

Algunos de los miembros de esa élite huyeron del país y hasta buscaron refugio en otras naciones como perseguidos políticos. Otros fueron encausados y detenidos preventivamente, junto a los dos extranjeros capturados en el operativo.

Y, no obstante, pese a la importancia y los efectos políticos que este caso tuvo en lo inmediato y aún hoy repercuten, al extremo de que en algún momento el Vicepresidente del Estado se refirió a éste como una victoria política, tiene el defecto de no haber merecido un mejor proceso en el ámbito de la justicia ordinaria. El problema es que quienes deben afrontar un proceso en el que se demuestre o descarte su presunta participación en crímenes contra la patria, podrán declararse víctimas de retardación de justicia y, con razón, recuperar su libertad, lo que en el peor de los casos puede facilitar su fuga.

Al respecto, el fiscal que dirigió el caso desde el primer momento afirmó que parte de las causas de retardación en el proceso son atribuibles a los imputados, que ejecutaron maniobras legales para dilatar el trámite judicial, agregando, sin embargo, que se debe analizar caso por caso si alguno de los acusados procedió a la dilación o no del proceso, ya que de no haber entorpecido el normal desarrollo de la investigación, podría pasar a defenderse en libertad.

Hay, pues, necesidad de reencausar el proceso si se desea demostrar, por una parte, que sí hubo un intento de ejecutar una conspiración secesionista por la vía armada; pero sobre todo, para que, de haber sido así, sea la Justicia la que se encargue de asignar penas y sanciones, ya que con el juicio de la opinión pública no basta.

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