Editorial

Tortura en democracia

En general, ni la Policía ni la Fiscalía respetan el principio de presunción de inocencia

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 26 de julio de 2018

Uno de los asuntos más polémicos en todo régimen democrático es la protección y defensa de los derechos humanos de personas involucradas en delitos y crímenes. Por un lado, la sociedad suele rechazar a estas personas y pide castigos más que ejemplarizadores; y por el otro, las fuerzas de seguridad del Estado suelen cometer excesos al hacer sus investigaciones

El fenómeno no es nuevo y se ha producido a lo largo del periodo democrático iniciado en Bolivia en 1982. Así lo evidencia un estudio elaborado por el Instituto de Terapia e Investigación (ITEI). Este informe evidencia que en democracia persisten las torturas en cárceles, centros de detención policial y unidades militares. El más reciente ejemplo se produjo días atrás, cuando tres militares fueron aprehendidos acusados de agredir física y psicológicamente a un premilitar, obligándolo incluso a comer excrementos.

La Directora del ITEI explicó a este diario que las torturas en democracia no tienen las mismas características que en tiempos de dictadura, y que tampoco es que sean tan frecuentes; lo que evidentemente no significa que no existan. Según la especialista, la “tortura moderna” se produce habitualmente “durante la investigación y los traslados de los detenidos”. Ejemplos de estas prácticas se conocen en abundancia, gracias a las denuncias que se publican episódicamente en los medios de comunicación.

La organización no gubernamental de derechos humanos basa sus afirmaciones en los casos que ha atendido a lo largo de toda su vida institucional. De allí que en su informe señalan tener conocimiento de 1.613 personas víctimas de tortura, 1.066 en la época democrática y las restantes 547, durante la larga noche de las dictaduras.

Un médico forense de la institución explicó que la mayoría de los casos se produjeron en la fase de investigación, cuando las fuerzas policiales buscan confesiones de los acusados y detenidos. A su vez, un psicoterapeuta de la entidad sostuvo que, en general, ni la Policía ni la Fiscalía respetan el principio de presunción de inocencia y que no poseen “mentalidad científica, un método de investigación serio”.

En respuesta al citado informe, el Ministro de Gobierno, además de calificar los datos como “sesgados”, afirmó que las denuncias sobre torturas policiales son simplemente “prejuicios”, y que la institución del orden no emplea esta práctica para obtener confesiones, sino que los uniformados trabajan con argumentos de investigación criminal.

Es evidente que no se trata de prácticas sistemáticas, pero tampoco es posible sostener que no existen en absoluto. Negar esta realidad lacerante que afecta al Estado de derecho, lejos de ayudar a resolver el problema, tiende a invisibilizarlo y, por tanto, permite que siga sucediendo. Lo cual es todo menos deseable, pues pone en cuestión, ante la población nacional y ante diversas instituciones internacionales, la calidad de la democracia en el país.

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