Editorial

Tráfico y transporte

De la aplicación de esta ley depende que el tráfico de la ciudad mejore o colapse

La Razón

05:00 / 22 de abril de 2012

El 18 de abril, el Alcalde de La Paz promulgó la Ley Autónoma Municipal 15, de Transporte y Tránsito Urbano, extensa norma de 115 artículos y nueve disposiciones. De la implementación y ejecución de esta ley y sus normas conexas depende la posibilidad de que el tráfico de la ciudad se transforme o colapse. Desafortunadamente, hay quienes prefieren lo segundo.

En efecto, el jueves y el viernes, en previsible reacción, los transportistas sindicalizados hicieron paro y se movilizaron en el centro de la ciudad, impidiendo no sólo el libre tránsito de las personas, sino incluso que los servidores públicos del municipio ingresen a su fuente de trabajo. Los choferes resisten la norma por ser lesiva a los intereses del poderoso y extenso gremio, que agrupa a decenas de miles de propietarios de vehículos y conductores, siendo al mismo tiempo claramente favorable a los intereses del resto de la ciudadanía.

A los transportistas les preocupa fundamentalmente que perderán a manos del Gobierno Municipal, por una parte, el control sobre el sistema de transporte de pasajeros y carga, tarea establecida como competencia exclusiva en la Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 302.18, así como en las leyes Marco de Autonomías y General de Transporte. Por otra parte, también les preocupa que el municipio controlará la aplicación y cobro de sanciones, tarea hasta hoy ejercida con lenidad por el Organismo Operativo de Tránsito, que a su vez resiste la norma, porque perderá una de sus últimas fuentes de recaudación propias.

Pero la Ley Municipal 15 es, y así debiera ser comprendida, mucho más que la asignación de rutas, frecuencias y tarifas o la asignación de responsabilidades para aplicar y cobrar sanciones. La mayor parte del texto está dedicada a establecer una muy extensa, y esperemos precisa, lista de derechos de conductores, motociclistas y ciclistas, de peatones, de operadores y usuarios, todos ellos con su correspondiente lista de obligaciones, que de ser observada y acatada por todos los agentes nombrados, debería producir en el mediano plazo una nueva actitud en las calles, donde actualmente rige la ley del más avezado.

Otra innovación fundamental de la Ley Municipal está en el establecimiento de las bases para el establecimiento de un Servicio Público de Transporte, en el marco de un Sistema de Transporte Integral (STI) establecido por la Ley General de Transporte. Se espera que el municipio implemente su propia red de transporte masivo, colectivo e individual.

La norma contiene disposiciones referidas a muchos otros ámbitos del tráfico y transporte urbano, y establece nuevas instituciones para su gestión. Es evidente que sólo será completamente funcional cuando acabe la lucha con los grupos de interés afectados. Mientras tanto, la ciudadanía debe darle su apoyo y, sobre todo, acatarla.

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