Editorial

Trata de personas

Urge que la sociedad civil se organizase contra este siniestro negocio.

La Razón Digital

05:26 / 02 de marzo de 2015

La trata y el tráfico de personas son delitos de muy larga data, que se remontan incluso a los albores de la humanidad. Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías de la información estas actividades delictivas cobraron mayor notoriedad entre la opinión pública, y al parecer los casos también se incrementaron junto con la globalización.

En efecto, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas Contra el Delito y la Droga (UNODC), cerca de 700.000 personas son transportadas anualmente entre las fronteras para ser objeto de trabajos forzados y explotación sexual, en su mayoría mujeres y niños. En el país, el revuelo que causó la desaparición de Zarlet Clavijo en junio de 2012 puso en la palestra este escabroso asunto. Desde entonces, cientos de casos se dieron a conocer a la opinión pública, y las autoridades se comprometieron a luchar contra estos macabros delitos; incluso se creó una unidad policial para atender exclusivamente los hechos de trata y tráfico de personas.

No obstante, lamentablemente estos anuncios y esfuerzos han resultado insuficientes, pues el número de testimonios de adolescentes que han sido raptadas con fines de explotación sexual y que han logrado escapar, y no precisamente gracias a la intervención de las fuerzas del orden, siguen y suman. El último hecho salió a la luz días atrás, luego de que una adolescente de 14 años que fue raptada el 19 de enero en La Paz junto con otras seis muchachas lograse escapar del prostíbulo en el que se encontraba encerrada, en el Beni, donde era ultrajada hasta por seis hombres al día. Junto a ella varias otras adolescentes también estaban cautivas, recibiendo el mismo trato.

Aprovechando un descuido de sus raptores, la muchacha pudo escapar junto con otras tres adolescentes, y logró comunicarse con su padre, quien informó sobre su paradero a la madre. Ésta a su vez se contactó con el oficial de Policía que estaba “investigando” su caso para ir a rescatarla. No obstante el uniformado le contestó que en ese momento se encontraba de descanso, entonces la madre se trasladó sola hasta la población beniana donde se encontraba escondida su hija, para traerla de regreso.

Este hecho pone en evidencia, una vez más, la buena salud de la que gozan estos delitos en el país, alentados sin duda por la impunidad en la que se mueven las redes criminales, y la proliferación de establecimientos de comercio sexual que no son controlados, lo que facilita el encubrimiento de casos en los que el ejercicio de la prostitución es impuesto a la persona.

Habida cuenta de la incapacidad estatal para contrarrestar la violencia sexual comercial, urge que la sociedad civil se organizase contra este siniestro negocio, capaz de comprar conciencias y favores en todos los niveles, y que por amor al dinero no discrimina entre clases sociales ni entre niños o adultos.

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