Editorial

Contra los abusos

Cabe, pues, hacer votos porque esta vez triunfe el interés de la ciudadanía

La Razón / La Paz

01:07 / 18 de enero de 2012

Los choferes del transporte público nuevamente ocuparon un lugar destacado de la agenda noticiosa, al protagonizar el lunes pasado sendos bloqueos en cinco puntos neurálgicos de la ciudad de La Paz. La protesta fue una actualización del conflicto creado por la oposición del gremio a la regulación municipal a sus actividades y, de paso, en demanda de ajuste en las tarifas.

La respuesta inmediata del Gobierno Municipal de La Paz fue afirmarse en su decisión de avanzar en la elaboración y promulgación de una Ley Municipal de Transporte que haga viable lo señalado en la Ley General del Transporte promulgada en agosto de 2011. En efecto, la Ley 165 establece en su artículo 17 que el Gobierno Municipal “emite políticas, planifica, regula, fiscaliza y/o administra la ejecución, gestión, operación y control del Sistema de Transporte Integral”. En su artículo 21, establece como competencias del gobierno local “Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del tránsito urbano en toda la jurisdicción municipal”, así como “Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado”.

Precisamente, explicaron las autoridades municipales, en aplicación de lo señalado es que el municipio paceño comenzó a trabajar en la citada Ley Municipal de Transporte y habilitó a los reguladores viales, probablemente el asunto que más incomoda a los transportistas, acostumbrados a la indiferencia, cuando no venalidad, de los agentes de Tránsito. Asimismo, adelantó el Alcalde paceño, en cuanto se apruebe la norma municipal, serán licitadas todas las líneas de transporte actualmente habilitadas en la ciudad.

Hasta donde se conoce, el proyecto de Ley Municipal del Transporte también dispone la creación de la Empresa Municipal del Transporte, que en una primera fase brindará el servicio a escolares y a vecinos de las zonas donde no llegan los operadores; finalmente, establece una Autoridad Municipal de Tráfico y Transporte (AMTT) y una Guardia Municipal de Tránsito.

Ante ese panorama, es perfectamente comprensible la preocupación de los transportistas, pues, aparentemente, ha llegado la hora de poner un alto al sistema generalizado de abusos en que se ha convertido el transporte urbano de pasajeros, que por sus características es diametralmente opuesto a los principios establecidos en la Ley 165, entre ellos calidad, eficiencia y seguridad.

El Alcalde ha pedido a la ciudadanía no dejarse amedrentar con las amenazas de los transportistas, que ya anuncian un paro para el próximo martes. Cabe, pues, hacer votos porque esta vez triunfe el interés de la ciudadanía, que por su parte bien podría poner en juego el mismo entusiasmo que ha mostrado al movilizarse en asuntos más políticos, pero menos importantes.

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