Editorial

Cárceles inhumanas

No solo hace falta revisar la política penitenciaria, sino todo el sistema de justicia penal.

La Razón (Edición Impresa)

23:25 / 27 de febrero de 2019

La Defensoría del Pueblo ha decidido poner al día el trabajo que su ahora extitular había dejado pendiente por dedicarse a publicitar su vida personal. Al informe sobre la impunidad en casos de violencia contra las mujeres, se ha sumado uno sobre tratos inhumanos en 19 cárceles del país. Se trata de un reporte sobre  el modo en que son tratadas las poblaciones vulnerables.

Bajo el título Volcar la mirada a las cárceles, el informe presentado el martes último identifica seis grupos de personas privadas de libertad que sufren tratos inhumanos, crueles o degradantes en los centros penitenciarios. Se trata, dijo la Defensora del Pueblo interina, de una solicitud para que el Estado establezca “una política criminal respetuosa de los derechos humanos” que priorice la búsqueda de “salidas alternativas” para casos de menor cuantía que hasta ahora derivan en detenciones preventivas, causantes del hacinamiento carcelario que representa el 225% de la capacidad de esos recintos.

El estudio, realizado a través de verificaciones defensoriales en 19 penales del país entre junio y noviembre de 2018, identificó que entre los grupos más vulnerables y vulnerados está, en primer lugar, el de personas adultas mayores, que no cuentan con atención geriátrica, tienen dificultades para cobrar su Renta Dignidad y ni siquiera reciben el complemento vitamínico que otorga el Estado.

Un segundo grupo son las personas con discapacidad, que no tienen condiciones adecuadas para su movilidad; el tercer grupo son los pacientes con enfermedades mentales, que no reciben ni atención ni tratamiento adecuados. El cuarto grupo son los “drogodependientes y alcohólicos”, que no cuentan con programas de rehabilitación.

El quinto grupo son las personas que viven con VIH y sida, que no acceden de manera oportuna a los medicamentos antirretrovirales, necesarios para tener controladas sus infecciones. Finalmente, el estudio identifica como vulnerable y vulnerada a la población LGBTI, que sufre “prejuicios y estigmatización” en los penales.

Concluye el documento de la Defensoría del Pueblo con una serie de recomendaciones a diferentes instancias del Estado, incluyendo un plazo de 180 días hábiles para que el Ministerio Público gestione la prosecución penal de las causas de los detenidos preventivos, aplicando salidas alternativas o la extinción de los casos. Insiste el documento en que es necesario tener en cuenta que las personas privadas de libertad no han perdido sus derechos.

La Defensora interina ha señalado en la presentación del informe que la situación identificada es la misma que en los últimos 15 años, lo que significa que no solo hace falta revisar la política penitenciaria, sino todo el sistema de justicia penal, e involucrar a las autoridades nacionales y subnacionales en la tarea, pues todas ellas tienen responsabilidades en la materia.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia