Editorial

‘Milicias armadas’

En democracia y en un Estado de derecho, ambas expresiones son ilegales e inaceptables.

La Razón (Edición Impresa)

23:34 / 14 de enero de 2020

Ha causado polémica y amplio repudio la idea del expresidente Evo Morales de replicar en Bolivia la experiencia venezolana de “milicias armadas”. Es objeto de cuestionamiento también la formación en el país de grupos juveniles que, con beneplácito oficial, actúan como fuerzas irregulares. En democracia y en un Estado de derecho, ambas expresiones son ilegales e inaceptables.

Una de las cualidades y condiciones del Estado moderno es que reclama para sí, con éxito (según una conocida expresión), el “monopolio de la violencia física legítima”. Ello significa que las labores de defensa de la sociedad, conservación del orden público, seguridad y preservación de la soberanía son exclusivas de la estructura estatal. Se lo hace a través de fuerzas policiales y armadas que dependen de autoridades civiles electas, y cuyas funciones están definidas y limitadas por ley.

Es evidente entonces que, en un régimen democrático, ninguna fuerza irregular puede asumir funciones que están reservadas, sin excepción, a la fuerza pública legitimada para el ejercicio de la violencia. Cualquier milicia, grupo de choque o de resistencia, fuerza armada particular están al margen de la ley y, por tanto, deben ser tratados como tales, vengan de donde vengan. Claro que ello no significa penalizar la movilización popular, la acción colectiva y la protesta ciudadana por medios pacíficos.

En este marco, las “milicias armadas” propuestas por Evo Morales desde Argentina en su calidad de refugiado, además de ser ilegales, constituyen una peligrosa señal en torno a escenarios de enfrentamiento y de violencia. No admiten, por tanto, matices ni “lecturas interpretativas” que pretendan justificarlas. Tampoco pueden avalarse milicias civiles bajo el argumento de que la fuerza pública habría asumido posicionamientos inconstitucionales en la reciente crisis político-institucional en el país.

Con igual lógica son inadmisibles los grupos juveniles, de reciente creación, que están operando en el país en la frontera de la ilegalidad. Estos grupos irregulares, que pueden convertirse en parapoliciales o paramilitares, son también portadores de violencia ilegítima. Lo lamentable es que, en lugar de condenarlos y desarticularlos, algunas autoridades provisorias los celebran y hasta condecoran. No hay lado tolerable, necesario o “bueno” para la violencia. Aunque sea en nombre de “la resistencia”.

Claro que un problema estructural del Estado boliviano, no resuelto en casi cuatro décadas de democracia, es que el monopolio del uso legítimo de la fuerza puede ser arbitrario, circunstancial y operar por fuera del marco constitucional. Por ello, es hora de asumir que la hoy agravada crisis de legitimidad de la fuerza pública no se resuelve con “milicias armadas” o con grupos de “motoqueros”, ni tampoco depende de concesiones bajo presión corporativa o agitando el fantasma de “personas extranjeras”.

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