Editorial

Más sobre educación

Las economías familiares no tienen por qué estar expuestas a este tipo de abusos

La Razón / La Paz

02:12 / 09 de febrero de 2012

El inicio de las actividades escolares ha estado marcado por la polémica, ya abordada en este espacio, de las reformas que se aplican desde este año y que han despertado el cuestionamiento de varios sectores que se han opuesto a temas estructurales y de contenido, además de denunciar la preocupante desorganización durante los primeros días de actividad escolar.

A esto se ha sumado la queja de madres y padres que denunciaron falta de información sobre los cambios en marcha, así como de maestras y maestros que recién han comenzado a conocer el nuevo currículo educativo, pese a que se anunció que serían capacitados desde diciembre, aprovechando las vacaciones escolares, proceso que no fue ejecutado por las autoridades educativas.

Sin embargo, existen problemáticas que, año tras año, forman parte de las principales preocupaciones en el seno de familias que tienen niñas, niños y adolescentes en formación escolar. Fenómenos que, con características diferentes, se observan en las aulas de establecimientos públicos y privados.

Uno de los obstáculos que mayor impotencia genera son ciertas restricciones de acceso a unidades educativas que, pese a estar ya prohibidas, en la realidad siguen presentándose, como solicitar que los estudiantes sean hijos de matrimonios religiosos o separar a niños de niñas en colegios mixtos sin dar razones justificadas; casos concretos han sido registrados por la prensa en los últimos años.

Otra de las preocupaciones sigue siendo el pedido de uniformes, materiales, cuotas para esto o para lo otro. Requerimientos que tensionan economías familiares que, aunque hayan optado por establecimientos privados, no tienen por qué estar expuestas a este tipo de abusos.

Por otro lado, forman parte de los problemas sin un control efectivo las presiones a las que se ven sometidos niños, niñas y adolescentes en las aulas: profesores autoritarios, estudiantes que ejercen violencia física o simbólica sobre sus compañeros, sin que profesores u otras autoridades propongan políticas de control y tratamiento sostenido de estos fenómenos.

Ya hay estudios que han sistematizado éstas y otras problemáticas y que, sin embargo, no han tenido los canales apropiados de difusión y tampoco han tenido espacios de debate con los actores involucrados y que tienen el poder de ensayar cambios en función de propuestas de transformación de estructuras. Son temas de fundamental preocupación para grandes sectores de la sociedad que confían a sus hijas e hijos a escuelas y colegios. Y el Estado es el primer interlocutor y el primer responsable.

Hay, pues, mucho qué hacer respecto de la educación en Bolivia, además de la polémica implementación de un currículo que, ya se ha dicho, no queda claro para las y los educadores, pese a las buenas intenciones y los anuncios de parte de las autoridades de gobierno.

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