Editorial

Una nueva torpeza

La torpeza del ministro forma parte de un engra-naje para expulsar a tres magistrados.

La Razón (Edición Impresa)

00:00 / 28 de diciembre de 2014

Tras el improperio cometido el lunes por el Ministro de Salud, quien infringió la Ley 3729 y el juramento hipocrático al dar a conocer que una autoridad judicial tiene sida, la opinión pública esperaba, además de su renuncia, una rectificación de parte de la autoridad. No obstante, en vez de reconocer su error y ofrecer sinceras disculpas, cometió una nueva torpeza.

En efecto, el jueves, en una segunda conferencia de prensa trató de justificar lo injustificable, argumentando que había cometido tan deplorable infidencia para “precautelar la salud del resto de la población”, y agregó que la persona a quien había señalado era “doblemente” peligrosa, pues había decidido suspender su tratamiento.

Durante años se han realizado campañas contra la estigmatización de los pacientes con VIH/sida, no solo para mejorar el bienestar de quienes sufren este mal, sino también porque la discriminación y la desinformación son las principales barreras para combatir el avance de esta enfermedad. No obstante, tal parece que la principal autoridad de salud del país, además de desconocer estos esfuerzos y principios, se olvida que, como galeno y como funcionario público, debería ser el primero en respetar las normas, amén de trabajar contra la discriminación y en favor de la salud de los sectores más vulnerables.

Y el problema no acaba ahí, ya que la infidencia se produjo en el marco de un juicio político (todo juicio de responsabilidades es político, y por eso se sustancia en la Asamblea Legislativa) contra tres magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por haber admitido un recurso en contra de la nueva Ley de Notariado y disponer que se suspenda su aplicación, lo cual, pese a ser discutible, ocurrió en el marco de lo que dictan las normas.

No es el caso del juicio de responsabilidades, donde se ha puesto en juego toda clase de estrategias políticas, desde hacer apresurados ajustes a la ley que norma el propio juicio, permitiendo que quien quiera evitar ser procesado renuncie al cargo (lo cual puede convertirse en un peligroso antecedente), hasta tratar de desacreditar al imputado revelando su estado de salud, pasando, como se ha mostrado en una crónica publicada hace una semana en este diario, por vulnerar el derecho al debido proceso durante el juicio.

La torpeza del ministro, entonces, es apenas un engranaje del complicado mecanismo puesto en movimiento para expulsar a tres magistrados electos por voto popular, y eso debe ser lo verdaderamente preocupante.

Hasta ahora, el curso de los acontecimientos ha mostrado más una querella entre poderes del Estado que el menor interés en enmendar lo que está mal en el Órgano Judicial y eso no le hace ningún bien a la administración de justicia, especialmente en el TCP, donde duermen los proyectos de estatutos y cartas orgánicas que darán paso a la Bolivia autonómica. El país merece algo mejor.

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