Editorial

No a la pena de muerte

Hace falta una mirada más completa sobre la problemática de la inseguridad.

La Razón

04:52 / 07 de marzo de 2012

El asesinato, días atrás, de dos hermanos comunicadores por parte de cogoteros que los estrangularon y arrojaron sus cuerpos, sumado a la detención de, hasta ahora, tres bandas dedicadas a este tipo de crímenes, ha desatado una ola de solicitudes para incorporar la pena de muerte en la legislación penal del país. La idea, además de inviable, es peligrosa.

En efecto, movilizaciones en El Alto y La Paz, entre ellas una multitudinaria marcha de habitantes de la provincia Los Andes, donde está el pueblo de los periodistas asesinados, parecen haber creado una corriente de opinión favorable a la instauración de la pena capital, obviamente más como una reacción visceral a la sensación de inseguridad que se vive en urbes como El Alto que como una solución satisfactoria al problema de fondo.

Al respecto, el Ministro de Gobierno ya ha respondido a la solicitud de los grupos movilizados, explicando que no es posible incorporar la pena de muerte en el ordenamiento legal boliviano, pues la Constitución Política del Estado (CPE) protege y garantiza la vida. Además, si el espíritu de la Constitución no fuera suficiente para rechazar la pena capital, está el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada en Bolivia mediante Ley de 1993, que establece el derecho a la vida y se rechaza la pena de muerte, añadiéndose que: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.

En todo caso, el nombrado ministro, a tiempo de reconocer que “los avances en materia de seguridad ciudadana, siendo autocríticos, son insuficientes y muy lentos”, anunció que los efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) serán tomados en cuenta en la estrategia de lucha contra la inseguridad ciudadana que presentará para la ciudad de El Alto, idea ya probada en Santa Cruz de la Sierra, donde al parecer tuvo buenos resultados, aunque una duración muy breve.

Por otra parte, activistas e instituciones de derechos humanos en todo el mundo han demostrado sobradamente que la pena de muerte, además de ser censurable desde todo punto de vista ético y moral, nunca ha servido para disuadir a los criminales y, en todo caso, suele ser fuente de errores e injusticias irreparables una vez ejecutada la sentencia.

Como solución intermedia entre el actual estado de cosas y la demanda maximalista, algunos legisladores del partido gobernante han sugerido incorporar en la normativa penal la sanción de cadena perpetua, idea que parece más viable, pero que merece mucho debate público por sus problemáticas implicaciones.

En todo caso, lo que se necesita es, por un lado, mayores y más eficaces esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y la violencia pública y, por otro, una mirada más completa sobre la problemática de la inseguridad: pensar sólo en la dureza del castigo es insuficiente.

Veintisiete años

Ayer, El Alto festejó un nuevo aniversario desde que, en 1985, el Congreso aprobara la creación de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo de La Paz, identificando a esa urbe como su capital. Tres años después, la Ley 1014 elevaría a rango de ciudad aquella capital, que es ahora una de las urbes más particulares y originales del país. Por ejemplo, no es una ciudad tradicional en el sentido republicano, que gira en torno a la ubicación espacial de un centro por su relación y equilibrio de poderes. En El Alto no hay una plaza principal, hay varios centros edificados bajo una visión espacial aymara, vinculada con la parcialidad de arriba y la de abajo, inherente a las comunidades que la han ido configurando.

Asimismo, descuella por su fuerte dinámica de crecimiento social, cultural y económico; con un flujo migratorio impresionante. No obstante, este acelerado crecimiento ha traído asimismo enormes desafíos para esa urbe y su gente. El caso por ejemplo de un exceso de demanda de viviendas, vías, servicios, que exige un urgente plan de desarrollo municipal que enfrente los progresivos problemas de la desorganización y la contaminación. Eliminar o al menos reducir la creciente ola de delincuencia es otro de sus grandes retos, particularmente visible en este 27 aniversario.

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