Editorial

Contra el racismo

Este tipo de actitudes son precisamente las que ninguna persona debe tener o tolerar

La Razón (Edición Impresa) / La Paz

02:02 / 03 de marzo de 2016

El violento episodio ocurrido el 24 de mayo de 2008, cuando una turba de seguidores del Comité Interinstitucional que defendía la capitalidad de Sucre secuestró y agredió a un grupo de campesinos en la plaza principal de esa ciudad, ha sido sancionado con la sentencia a prisión para 10 exautoridades. El origen del hecho, sin embargo, sigue presente en la sociedad.

La sentencia, dictada el miércoles luego de una maratónica sesión en el Tribunal de Sentencia de Padilla, municipio ubicado a 180 km de Sucre, es el final de un largo y extenuante proceso que sirvió para alertar tanto a los partidos políticos como a las organizaciones de la sociedad civil de que el racismo no es tolerable en el país, y que actos de la naturaleza del realizado en la víspera de la efeméride chuquisaqueña causan una herida muy profunda en el tejido social. Pero el proceso también sirvió para reducir el poder relativo de aquellos dirigentes políticos y sociales que habían logrado entorpecer efectivamente el normal desarrollo de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2007.

La lista de sentenciados a seis años de prisión (se sustrae el tiempo que duró el proceso) por el delito de asociación delictuosa es particularmente notable: Jaime Barrón, expresidente del Comité Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente del Comité Cívico; Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente del Concejo Municipal; Aydée Nava, exalcaldesa de Sucre; Epifania Terrazas, exdirectora del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universitario; Antonio Jesús, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos, exejecutivo de la FUL, y Franz Quispe, dirigente universitario. Junto a ellos también fueron sentenciados Flavio Huallpa Flores, a tres años por el delito de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes; y Cristian Flores y Juan Carlos Zambrana, a tres años y tres días de prisión por el delito de lesiones graves.

Aunque la noticia debiera ser de una importancia extraordinaria, no solo porque en su momento recibió abundante cobertura mediática dentro y fuera del país, sino porque el suceso desnudó los extremos a los que el odio racial puede conducir a las muchedumbres desbordadas (y al mismo tiempo ayudó a frenar, siquiera temporalmente, las peores manifestaciones de este mal), llega en un momento en que recibe poca atención debido a otros asuntos más sobresalientes de la agenda pública y, peor aún, porque los odios basados en las diferencias raciales han vuelto a florecer durante (y luego) de la campaña proselitista del referéndum del 21 de febrero.

Es necesario mostrar como ejemplar el castigo a quienes instigaron a jóvenes universitarios a cometer la aberración de agredir a campesinos solo por su origen, pero sobre todo recordar que este tipo de actitudes son precisamente las que ninguna persona, sin importar su orientación ideológica, debe tener o tolerar.

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