Editorial

No repetir errores

La meritocracia como base para la preselección de los postulantes era una condición básica

La Razón (Edición Impresa)

23:09 / 23 de abril de 2017

Luego de varias semanas de explorar opciones, de analizarlas y discutirlas, están definidas las nuevas reglas para las elecciones de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, a realizarse el domingo 22 de octubre. Hay innovaciones y aciertos en comparación con la normativa que rigió los malogrados comicios judiciales de 2011.

La principal diferencia del actual proceso respecto al anterior es que se busca privilegiar la experiencia, idoneidad y méritos de las candidaturas en lugar de los cálculos políticos y los avales (en especial de organizaciones sociales). Se atiende así una demanda ciudadana, expresada también en la Cumbre Nacional de Justicia. La meritocracia como base para la preselección de postulantes en la Asamblea Legislativa Plurinacional era un mínimo exigido para viabilizar la elección.

¿Cómo se garantiza que los postulantes serán seleccionados con arreglo a su capacidad y méritos? Aquí hay tres innovaciones. La primera es la definición expresa de que habrá calificación resultante de evaluar méritos, una prueba escrita y una entrevista pública. La segunda innovación es la participación y acompañamiento de una comisión de ocho especialistas designados por el sistema universitario. Y la tercera son los mecanismos para evitar que se pueda favorecer o perjudicar a algún postulante.

Otra diferencia relevante, que implica cambios en la normativa, tiene que ver con la difusión de méritos y la labor de los medios de comunicación. Así, se faculta ampliamente al Órgano Electoral para el diseño y ejecución de estrategias y campañas en torno al proceso. Y se eliminan las restricciones que había en 2011 para el trabajo de los medios, incentivándoles más bien a que informen y generen opinión y debate sobre los postulantes con el único requisito de cuidar el principio de igualdad.

Hay que destacar asimismo, a reserva de evaluación, el cambio en el número de autoridades a ser elegidas. Los magistrados del Tribunal Constitucional suben de siete a nueve y se eligen en circunscripción departamental. Y el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura reducen su número de miembros, precautelando su naturaleza nacional. Un efecto saludable es que habrá menos postulantes, lo que junto a la decisión de utilizar dos papeletas (y no una gigante) facilitará el voto ciudadano.

Se trata sin duda de innovaciones y aciertos destacables para evitar que en las elecciones judiciales de este año se repitan los errores de 2011. Claro que siempre se pueden ampliar y afinar los ajustes. En todo caso, es lamentable que las oposiciones, desde su inamovible consigna de “comisión independiente”, hayan abandonado la mesa de concertación intentando patear el tablero. Su actitud era previsible. Como parece ser el siguiente paso: convocar al voto nulo para deslegitimar todo el proceso.

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