Seguridad nacional

Anulan imputación contra tres generales en el caso Los Reyes

Proceso. La jueza Margot Pérez observó las declaraciones de los acusados

Justicia. Los generales ingresan a la sala para la audiencia en el caso Covipol.

Justicia. Los generales ingresan a la sala para la audiencia en el caso Covipol. Eduardo Schwartberg.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

01:11 / 26 de enero de 2013

El Juzgado 4° de Instrucción en lo Penal dejó sin efecto la imputación contra los generales Miguel Vásquez, Miguel Gemio y Juan Carlos Saa, para quienes la Fiscalía pidió su detención preventiva tras investigarlos en el caso Covipol-Los Reyes.

Los tres generales de la Policía fueron aprehendidos el miércoles tras prestar sus declaraciones ante el fiscal Marco Antonio Rodríguez, quien investiga la presunta adjudicación irregular de departamentos en el edificio Los Reyes, de propiedad del Consejo de Vivienda Policial (Covipol).

El jueves se presentó la imputación formal en su contra ante la jueza 4° de Instrucción en lo Penal-Cautelar, Margot Pérez. Ayer debió llevarse la audiencia de medidas cautelares, pero la defensa de uno de los acusados planteó la ilegalidad de la aprehensión de los exjefes policiales.

“La jueza ha declarado probada la ilegalidad de la detención de los generales, ha anulado la imputación formal (...) el representante del Ministerio Público tiene la obligación de continuar con las investigaciones”, señaló el abogado Juan Carlos Cruz, quien patrocina al general Gemio. Este coacusado, de acuerdo con la acusación formal anulada, solicitó adjudicarse un departamento y, pese a que no había plazas vacantes en el proyecto Los Reyes y que era adjudicatario de otro inmueble, fue beneficiado.

Por ello, se le acusó de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, mientras que a Saa también se le sumó el delito de incumplimiento de deberes, toda vez que fue presidente alterno de la Junta Directiva de Covipol en 2006, cuando se adjudicó la obra a la Empresa de Construcciones Civiles Patiño & Patiño.

Resolución. La jueza indicó que se revisó los procesos, la imputación y la declaración de los acusados y se determinó que “se les preguntó por unos hechos y se les ha acusado por otros”. “Se procedió a declarar sin efecto la declaración de estos ciudadanos, que el fiscal (Rodríguez) vuelva a tomarles una declaración y pueda determinar una nueva imputación”, señaló Pérez.

El fiscal anunció que volverá a convocar a los tres generales y, en función de ello, determinará si corresponde una nueva imputación. En la acusación anulada no sólo pidió la aplicación de medidas cautelares consistentes en la detención preventiva, sino también la anotación de bienes y cuentas bancarias, además de hacer notar que en su calidad de generales “tienen la posibilidad y facilidad  de obstaculizar el proceso”.

Los delitos que fueron sindicados

Juan Carlos Saa fue acusado de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo; a Miguel Gemio lo imputaron por uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, mismos tipos penales que para Miguel Vásquez, quien fue viceministro de Seguridad Ciudadana.

Recibieron bienes inmuebles

Los tres generales se adjudicaron departamentos en el edificio Los Reyes. Gemio admitió que su hijo habita el 15 “B”, Saa indicó que recibió las llaves del 10 “A”, pero no lo ocupa. Vásquez dijo que su hija vive en el departamento 16 “B” y manifestó que podría devolverlo, según sus declaraciones anuladas.

Escóbar, 35 días detenido

En noviembre de 2012, el excomandante de la Policía general Víctor Hugo Escóbar fue aprehendido y llevado a medidas cautelares dentro del caso Covipol-Los Reyes. Escóbar pasó 35 días en la cárcel de San Pedro y actualmente goza de medidas sustitutivas a la detención preventiva, situación que aprovechó para denunciar, el 14 de enero, que los investigadores del caso, un fiscal y un abogado, le habrían solicitado $us 20 mil para librarlo del proceso.

Al caso Los Reyes se suma Las Acacias-Jardín II, San José de Arocagua y Aurora Olivos IV, procesos que forman parte de 16 denuncias penales planteadas por el Ministerio de Transparencia, que calculó un daño económico de $us 3.271.682,25.

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