Seguridad nacional

La ONU se pronunciará hasta el jueves

La despenalización del acullico se truncaría si 61 países de la Organización de las Naciones Unidas objetan el pedido de Bolivia. Afirman que existe apoyo de 120 estados.

Una jornada de defensa de la hoja de coca registrada en 2012. Foto: ARCHIVO

Una jornada de defensa de la hoja de coca registrada en 2012. Foto: ARCHIVO

La Razón / E. Calizaya

00:00 / 06 de enero de 2013

El Gobierno boliviano conocerá el 10 de enero la decisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto a la solicitud de volver a ser parte de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. La respuesta sería negativa si un tercio de los Estados miembros de esa organización se opone a la readhesión.

Bolivia anunció su alejamiento de la Convención de 1961 el 29 de junio de 2011, cuando también hizo conocer su intención de solicitar su readhesión con una reserva que permita el uso tradicional de la hoja de coca.

La decisión de denunciar a la Convención se dio luego de que el mismo año se rechazó la propuesta de modificar ese mecanismo, eliminando la obligación de abolir el acullico (masticado de coca), además porque la Constitución considera un patrimonio a la hoja en su estado natural.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) se opuso a la decisión de Bolivia, con el argumento de que podría influir en el resto de los Estados miembros y que pidan otras reformas a la Convención.

No obstante, el 15 de diciembre de 2011, tras una reunión con una misión de la JIFE, el presidente Evo Morales afirmó que logró apoyo a la denuncia.

“Hemos convencido a algunos de sus miembros y también hay algunos que todavía siento que no entienden, algunos técnicos. Estoy convencido de que tarde o temprano se van a reparar daños históricos al movimiento indígena y a toda una población sobre la hoja de coca”, declaró Morales. La delegación de la JIFE estuvo encabezada por su presidente, Hamid Ghodse.

Oficialmente, Bolivia quedó fuera de la Convención en enero de 2012, cuando también se dio inicio a una campaña para explicar a la comunidad internacional las bondades de la hoja en su estado natural, el uso tradicional y los argumentos para que los países miembros de la Convención analicen la solicitud.

Si un tercio de los 183 países miembros vota en contra de la reserva para el uso tradicional o medicinal de la coca, la readhesión de Bolivia no será aceptada, según explicó Cesar Guedes, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito (UNODC). El diplomático dijo que el Estado que esté a favor o que no tenga opinión al respecto “no necesita presentar nada (...) se cuentan las posiciones en contra”. A la fecha, según el viceministro de la Coca y Desarrollo Integral, Dionicio Núñez, sólo Suecia, Estados Unidos y Gran Bretaña objetaron ante la Secretaría General de la ONU el pedido de Bolivia de despenalizar el acullico.

Por su parte, el canciller David Choquehuanca, conforme a la declaración de los países no alineados (Irán, 31-8-2012), afirmó en septiembre de 2012 que “la defensa del acullico (...) tiene respaldo de 120 estados”. La palabra final la dará a conocer la ONU, desde su sede en Viena (Austria).

Se pidió excluir el masticado de coca

El masticado de coca (acullico) fue penalizado en la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes de 1961 (art. 49), que fija un plazo de 25 años para eliminar esa práctica, pese a que expresa que respetará la costumbre donde exista suficiente evidencia histórica.

El artículo 49, incisos 1 c) y 2 e) de la Convención, modificada por el Protocolo de 1972 y ratificada en 1986, otorgan a los países signatarios, como Bolivia,   el plazo de 25 años, desde 1986, para anular el acullico.

El inciso e) pone el plazo y Bolivia pretendió que se modifique para que permita de manera indefinida el acullico. El pedido tropezó con el rechazo de Estados Unidos, que formó una coalición para bloquear los esfuerzos de Bolivia de enmendar ese artículo, de acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés).

La prohibición de la Convención de 1961 contradice la Carta Magna, que obliga  al Estado a proteger “la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural”.

La Constitución Política del Estado señala que la coca “en su estado natural no es estupefaciente” y reivindica su producción y uso tradicional.

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