Sociedad

Bolivia cumple sentencia y la CIDH da por cerrado el caso de Lupe Andrade

La exalcaldesa de La Paz demandó al Estado por violaciones a sus derechos en el marco de tres procesos penales que se le siguió por malos manejos de recursos económicos públicos cuando ejerció como concejala y alcaldesa en 1999.

La exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade Salmón.

La exalcaldesa de La Paz, Lupe Andrade Salmón.

La Razón Digital / Kattya Valdés / La Paz

12:03 / 27 de febrero de 2018

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cerró y archivó el caso de la ex alcaldesa de La Paz Lupe Andrade Salmón luego de que el Estado de Bolivia diera cumplimiento a las reparaciones establecidas en la sentencia condenatoria.

La Procuraduría General del Estado hizo público este martes un comunicado oficial, a través del cual la CIDH da por cerrado este caso.

“Bolivia cumplió con todas las reparaciones ordenadas a favor de la víctima del caso Andrade Salmón vs Bolivia en la sentencia del 1 de diciembre de 2016. Por tanto, la Corte Interamericana decidió dar por concluido y archivar el caso, según señala la resolución del 5 de febrero de 2018, notificada el día de hoy”, detalla la comunicación.

La exalcaldesa de La Paz demandó al Estado por violaciones a sus derechos en el marco de tres procesos penales que se le siguió por malos manejos de recursos económicos públicos cuando ejerció los cargos de concejala, presidenta del Concejo Municipal y alcaldesa municipal de la Paz en 1999.

La sentencia emitida 17 años después, determinaba que el Estado era responsable por la violación del derecho a la propiedad privada, la violación del derecho de circulación y del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

La CIDH ordenó como reparaciones, que garantice que las medidas cautelares impuestas a Andrade Salmón sean levantadas y que se resuelva en un plazo no mayor a un año su situación jurídica en el proceso que se le seguía. También determinó que se le pague una indemnización por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de gastos establecidos en la sentencia, dentro del plazo de un año.

En ese marco, el Gobierno desembolsó $us 40.000 a la Procuraduría General del Estado para dar cumplimiento a la sentencia sobre la indemnización. (27/02/2018)

 

 

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