Sociedad

CIDH juzga a Bolivia por una esterilización

Denuncia. Una peruana dijo que ‘nadie le informó sobre el caso’.

Atención. Pacientes ingresan al Hospital de la Mujer de La Paz. Foto: Wara Vargas-archivo

Atención. Pacientes ingresan al Hospital de la Mujer de La Paz. Foto: Wara Vargas-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Wilma Pérez / La Paz

03:00 / 03 de mayo de 2016

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició ayer un juicio contra el Estado de Bolivia por la esterilización, supuestamente sin consentimiento, a la que fue sometida una refugiada peruana, en 2000. En un mes se darán los alegatos.

Según la demanda presentada ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la esterilización a la mujer habría constituido una violación a la integridad física, psicológica, a vivir libre de violencia, de discriminación, así como de tener acceso a la información y a la vida privada y familiar, informó la agencia EFE.

El 1 de julio de 2000, la litigante identificada como I. V. fue sometida a una cesárea en el Hospital de la Mujer de La Paz, donde se le practicó la esterilización “permanente y forzada” sin el consentimiento informado, según la denuncia presentada ante la CIDH, que derivó el caso a la CorteIDH, el 9 de junio.

La demandante y el galeno, que realizó la ligadura de trompas de Falopio, dieron sus declaraciones ante la CorteIDH. La mujer dijo que los médicos nunca le informaron que le iban a realizar esa intervención quirúrgica. “Considero que me lo han hecho por ser peruana, pobre, de escasos recursos. Pero no tienen por qué decidir sobre el cuerpo de una mujer”, dijo I. V., quien vive en Bolivia como refugiada.

El ginecólogo Édgar T., cirujano encargado de la intervención, explicó que la mujer ingresó al hospital porque necesitaba una cesárea. Antes, ella tuvo dos partos, uno natural y otra cesárea, además de un aborto. Un futuro embarazo podría ser peligroso para su vida. “Yo le expliqué la situación y ella me dijo: ‘Sí doctor, lígueme’”, aseguró el galeno.

Tras la audiencia de ayer, las partes involucradas tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo, no hay un plazo establecido.

El procurador general del Estado de Bolivia, Héctor Enrique Arce, declaró a EFE. “Este es un caso muy claro de un médico de mi país cumpliendo, con su juramento, su función y el elemento más importante de defensa de la vida y de la salud. Ha actuado según la norma vigente y por lo tanto no se ha generado ninguna irresponsabilidad del médico y por lo tanto ninguna de Bolivia”.

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