Sociedad

Perjuicios en negocios por cierre de la plaza Murillo

Conflicto. La Policía acordonó el lugar con vallas, a una cuadra a la redonda. Tiendas no tienen ingresos

Vacía. La calle Comercio, entre la Socabaya y la Sanjinés, luce sin gente por el cerco policial.

Vacía. La calle Comercio, entre la Socabaya y la Sanjinés, luce sin gente por el cerco policial. Miguel Carrasco.

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz

03:40 / 01 de mayo de 2016

La marcha de personas con discapacidad llegó hace seis días a La Paz y la plaza Murillo, foco de sus protestas, permanece cerrada. Dueños de negocios en el centro del poder político y alrededores denuncian pérdidas económicas porque sus ventas reducen e incluso bajan a cero.

Uno de los negocios perjudicados es la Joyería Luxor. “Nos afectó dramáticamente. Las ventas se han reducido a cero”, afirmó el administrador Fernando Paz, quien añadió que el flujo de clientes bajó de un promedio de 50 a 2 por día. Para hacer frente a esa situación decidió poner en práctica la modalidad de entrega a domicilio, aunque dijo que afecta sus costos.

Discapacitados arribaron a la ciudad de La Paz el lunes 25 tras una marcha de 35 días desde Cochabamba en demanda de un bono mensual de Bs 500 en vez de los Bs 1.000 que reciben al año. Inicialmente se instalaron frente a la Iglesia de San Francisco, en el centro paceño, pero luego decidieron marchar y concentrarse en un punto de ingreso a la plaza Murillo.

Desde que arribaron y a una cuadra de los ocho puntos de ingreso al centro del poder político, la Policía desplegó controles de seguridad y a partir del miércoles 27 fueron apostadas vallas metálicas de seguridad. Edificios y oficinas del Palacio de Gobierno, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la Gobernación de La Paz, de un policlínico de la Caja Nacional de Salud, de la Cancillería, además de negocios privados, se encuentran en la zona de conflicto.

Quienes desean pasar los puntos de control deben justificar su ingreso. La Razón realizó ayer un recorrido por calles aledañas a la plaza y verificó, por ejemplo, que de al menos 30 locales ubicados en la calle Comercio,  solo cinco atendían, uno de ellos un laboratorio fotográfico. Luis Choque, el responsable, aseguró que por día pierde entre Bs 600 y 700.

Situación similar ocurre con la sucursal de ropa Textilón, que —según Óscar Mamani— facturaba habitualmente Bs 8.000 a diario, pero desde las restricciones dispuestas por la Policía los ingresos cayeron a Bs 2.000. “Estamos llegando a duras penas, el ingreso bajó en 60%”, lamentó y agregó que a varios empleados se les negó el paso a su fuente de trabajo.

Los administradores del local Wist’upiku, también ubicado en la calle Comercio, se vieron obligados a elaborar y entregar a sus dependientes credenciales con nombre y fotografía para que los dejen pasar, explicó Ernesto Barrios. “Desde esta oficina pagamos a los proveedores y no pueden ingresar, ni el mismo personal. Por lo menos un 60% hemos dejado de percibir, lo cual implica unos Bs 6.000”, sostuvo en el sexto día de protesta de los discapacitados, quienes se encuentran concentrados entre las calles Junín e Indaburo y que en dos ocasiones trataron de romper el cerco de seguridad de la Policía.

La propietaria del local de calzados Eduardo, una de las tiendas más antiguas de la calle Comercio, solo atinó a decir que estaba molesta.  Barrios añadió que ante los pocos locales de comida abiertos, Wist’upiku tiene pedidos de funcionarios, como de la Cámara de Diputados, pero que aun así no logra tener el flujo de clientes habitual, de más de 500.

CERRADOS. Restaurantes y otros negocios en las calles aledañas estaban ayer cerrados. “No hay venta, en vano vengo todos los días”, aseguró Juana Pérez, una vendedora de los pocos quioscos abiertos en el lugar. Las personas con discapacidad descartaron cualquier posibilidad de suspender su protesta en tanto el Gobierno no instale el diálogo y trate la demanda de una renta de Bs 500. Autoridades del Ejecutivo negaron en varias oportunidades atender el pedido porque representa más de Bs 300 millones anuales en gastos.

Incluso hay pocas personas que concurren a la plaza y dan de comer a las palomas. Por el conflicto, el centro del poder político luce irreconocible.

En libertad tres de los detenidos

UMSA

La Justicia otorgó ayer libertad condicional a tres universitarios detenidos en la protesta de las personas con discapacidad. Ellos pertenecen a la carrera de Sociología de la UMSA y brindaban apoyo a los movilizados.

Repliegue

Al menos 20 personas del grupo de movilizados retornaron a sus lugares de origen. Un bus de Trans Copacabana los recogió cerca de la plaza San Francisco, informó ABI.

Discapacitados rechazan diálogo otra vez

Carlos Corz

Personas con discapacidad movilizadas rechazaron ayer una nueva invitación del Gobierno a retomar el diálogo con el argumento de que la base debe ser el bono mensual de Bs 500. Algunas se extrajeron sangre y con ella pintaron carteles con el lema “Renta o muerte”.

Una funcionaria del Palacio de Gobierno entregó en la mañana una carta firmada por el ministro  de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, al dirigente David Cayo, en la que recuerda los acuerdos alcanzados con otro grupo no movilizado de  personas con discapacidad y los convoca a dialogar.

“Rechazamos rotundamente, estaremos hasta las últimas consecuencias. Queremos vivir con dignidad”, respondió Cayo tras leer la misiva y ponerla a consideración de la movilización, que terminó ayer concentrándose en las calles Junín e Indaburo, a una cuadra de la plaza Murillo.

La madre de un niño con discapacidad fue la primera en extraerse sangre con la que escribió sobre una cartulina blanca: “Renta o muerte de 500 Bs Ahora (sic)”. Otras personas hicieron lo mismo en el sexto día de protesta en La Paz. También instalaron un piquete de huelga de hambre.  Cayo negó tregua este fin de semana o en el feriado por el Día Internacional del Trabajo.

Álex Collamarca, parte del piquete de huelga, indicó que la extrema medida es en rechazo al acuerdo firmado por ministros con un grupo de discapacitados, a quienes desconocen. El documento de 42 puntos garantiza aspectos como 500 empleos en la administración central para las personas con discapacidad o sus familiares.

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