Sociedad

Declaran ilegal el paro de la CNS y trabajadores no ceden la presión

El Ministro de Trabajo y el Gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS) calificaron de ilegal el paro protagonizado ayer por los funcionarios de la CNS, mientras que éstos anunciaron que radicalizarán sus medidas de presión.

Marcha. Trabajadores de la CNS bloquearon el centro de la ciudad.

Marcha. Trabajadores de la CNS bloquearon el centro de la ciudad.

La Razón

01:00 / 10 de noviembre de 2011

"Trabajo no realizado, trabajo no remunerado", dijo el gerente de la CNS,  Juan Carlos Alvarado, quien afirmó que el paro de los empleados es ilegal. "Se deben cumplir pasos para ir a una huelga. Primero se debe acudir al diálogo y no se cumplió este paso, por eso el paro es totalmente ilegal".

A su turno, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, dijo que "se ha declarado la ilegalidad (del paro) porque se debe cumplir un procedimiento establecido por la Ley General del Trabajo". En el despacho de esta cartera no se recibió ninguna solicitud de la dirigencia sindical, se informó.

Alvarado fue más allá y advirtió que el paro que los trabajadores de salud llevan adelante podría derivar en procesos penales. "Están perjudicando el libre tránsito de las personas. Eso es atentar contra el derecho al trabajo, pueden ser pasibles de juicios penales".

A estas posiciones se suman los pedidos de la Federación de Trabajadores de Potosí y de los mineros cooperativistas para que se aplique la Ley del Trabajo en contra del sindicato de la Caja.

Los funcionarios de la CNS cumplieron ayer un paro de 24 horas. La medida se ejerció en todo el país con  una activa participación de los administrativos, mientras que se atendió de manera irregular en los servicios de emergencias de los policlínicos.

"No vamos a ceder, si nos quieren descontar que lo hagan, pero defenderemos la Caja con nuestra sangre", señaló Ariel Cáceres, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud de La Paz (Casegural).

El dirigente indicó que la movilización crecerá, pues este viernes pararán los médicos y para el lunes se tiene previsto otro paro de 48 horas y luego de 72 horas, sin que se descarte ir a una huelga general e indefinida.

Además, Cáceres ratificó el pedido de dimisión de la ministra Nila Heredia. "Exigimos la renuncia de la ministra porque es una persona incapaz y tiene rencores hacia la institución, y exigimos también la renuncia de Juan Carlos Alvarado, que es una imposición desde el Gobierno", aseveró. 

El conflicto comenzó el anterior lunes con la posesión de Alvarado como nuevo gerente general de la CNS, quien —según los sindicatos— fue designado "a dedo" por el Ejecutivo. Tras un paro de 24 horas, la ministra Heredia reactivó la norma que da paso a la libre afiliación y desafiliación de asegurados de la Caja de Salud, lo que exacerbó los ánimos de la dirigencia, que realizó otro paro de 48 horas.

En ese contexto, la parte laboral del directorio de la CNS aclaró ayer que no avaló la designación de Alvarado, pero pidió que no se "perjudique con paros a los asegurados", dijo Daniel Flores.

Plan de reestructuración

La ministra de Salud, Nila Heredia, confirmó que el plan de reestructuración de la Caja Nacional de Salud  (CNS) avanzó en más del 70%. Para ello, se espera que en la reunión del gabinete ministerial del miércoles 15,  se aprueben dos decretos supremos que permitirán materializar el plan.

Paralelamente, un equipo de profesionales de la cartera de salud trabaja en la construcción del nuevo reglamento de afiliaciones, desafiliaciones y reafiliaciones.

Con la norma, las empresas e instituciones públicas y privadas que decidan desafiliarse de las entidades gestoras de salud, entre ellas la CNS, podrán finalizar el trámite en un tiempo no mayor a 60 días, desde el momento en que la empresa presente la demanda, hasta la conclusión de una auditoría que realizará el Inases.

El director general del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases), Miguel Ángel Suárez,  confirmó que este documento abrirá varios "candados" que antes imposibilitaban la desafiliación de las empresas estatales y privadas que denunciaban mala atención en los policlínicos.

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