Sociedad

Defensor exige cumplimiento de sentencia que ordena revertir desalojo de comunidades indígenas en zona maderera de Pando

En ferero de 2013 una sentencia del Tribunal Constitucional ordenó dejar sin efecto el desalojo de dos comunidades indígenas en el municipio Nueva Esperanza y paralizar las actividades de explotación de madera.

La Razón Digital / B. Montero / La Paz

12:22 / 15 de agosto de 2014

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, exigió el cumplimiento de la sentencia constitucional que hace un año y medio ordenó dejar sin efecto el desalojo de las comunidades indígenas Pacahuara y Tacanas la Selva del territorio que habitan y paralizar los trabajos de explotación  maderera en esa zona. Instruyó además reforzar las acciones tendientes a lograr ese objetivo.

“La  institución está coordinando acciones con autoridades de la CIPOAP (Central Indígena de Pueblos Originarios de la Amazonia de Pando) considerando que es la que ha patrocinado la demanda… hacemos un llamado a las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia de Pando para que asuma las medidas necesarias a efecto de hacer cumplir la sentencia de referencia, toda vez que ha transcurrido más de una año y cinco meses desde su emisión”, manifestó Villena.

Un comunicado de prensa enviado por la Defensoría del Pueblo refiere que el Tribunal Constitucional emitió el fallo en febrero de 2013, ordenando revertir lo dispuesto en 2009 por la entonces Corte Superior de Pando.

Determina además que la orden de paralización de los trabajos que se realizan en la zona observada estará vigente hasta que se restablezcan los derechos vulnerados de los indígenas y sus actividades se adecuen a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

Villena dijo que la Defensoría del Pueblo valora como señal positiva del Estado este fallo porque sienta jurisprudencia garantista de los derechos de naciones y pueblos indígenas originarios reconocidos en la CPE y ratificó que continuará realizando acciones de seguimiento para garantizar el cumplimiento de la sentencia del TCP.

El fallo del TCP tiene su antecedente en una acción popular que en 2009 presentó el presidente de la CIPOAP contra del Director del INRA de Pando, el Director Departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), el Prefecto y Comandante interino de Pando y el entonces Alcalde Municipal de Nueva Esperanza, argumentando que el pueblo indígena Pacahuara, no contactado y en peligro de extinción, pedía el respeto a su territorio, ubicado en el cantón Manoa del municipio Nueva Esperanza de la provincia pandina Federico Román, donde además habitaba en espera de que se consolide su territorio la comunidad Tacana la Selva, dedicada a la recolección de castaña, palmito y otros recursos no maderables.

Según la acción popular, en esa zona las empresas Maderera Boliviana Etienne S.A., URKUPIÑA y BOLITAL, entre otras, explotan madera y para ello, con el argumento de que cuentan con una concesión forestal, cercaron el sector impidiendo el paso de particulares y de los indígenas.

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