Sociedad

Defensoría demandará ante el TCP decreto que autoriza actividad hidrocarburífera en reservas naturales

La Defensoría recordó que la explotación en áreas protegidas afecta los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE).

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

18:02 / 15 de junio de 2015

La Defensoría del Pueblo demandará de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) normas como el decreto 2366 por ir en contra de los derechos indígenas al viabilizar actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en áreas protegidas, según comunicado institucional.

Ante denuncia de la Asamblea del Pueblo Guaraní, la Defensoría instruyó un análisis jurídico de los decretos 2195, 2298 y 2366, referidos a al mecanismo de consulta a los pueblos indígenas, a los beneficios de explotación de los recursos naturales en territorio indígena y a la autorización de actividades hidrocarburíferas en áreas protegidas, respectivamente.

"Hemos determinado interponer las acciones correspondientes ante la jurisdicción constitucional, la misma que deberá realizar un exhaustivo análisis desde el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas y su protección dentro del Estado Plurinacional", refiere el punto 4 del comunicado.

"El resultado del análisis jurídico de los Decretos 2195, 2298 y 2366, a nuestro criterio, muestra que existen serias contravenciones a la normativa jurídica nacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, que afectarían en un futuro inmediato el ejercicio de sus derechos, especialmente de aquellos cuyos territorios se encuentran en zonas de interés de explotación de recursos hidrocarburíferos", establece el punto 3.

El 20 de mayo, el Gobierno aprobó el decreto 2366 que permite las labores de exploración y explotación hidrocarburífera en reservas naturales y bajo el marco de “carácter constitucional, estratégico y de interés público para el desarrollo del país; vinculado a la reducción de la extrema pobreza en comunidades que habitan las áreas protegidas y la gestión integral de los sistemas de vida”.

La Defensoría recordó que la explotación en áreas protegidas afecta los derechos de los pueblos indígenas, establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE). Fijan “con claridad que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tiene el derecho ‘A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

Bolivia cuenta con al menos 22 áreas protegidas, entre ellas los parques Madidi, Carrasco, Noel Kempff Mercado, Sajama, Toro Toro, Tunari, Isiboro Sécure, Amboró; las reservas de vida silvestre  Manuripi, Flor y Fauna Tariquía, Biológica Cordillera de Sama; y las áreas naturales de manejo integrado Apolobamba y El Palmar, según datos de la página web de la organización Conservación Internacional Bolivia.

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