Sociedad

Litigante contra Estado exige resarcimiento de $us 300.000

Salud. Hospital asegura que la mujer fue atendida de emergencia

Nosocomio. Ingreso al Hospital de la Mujer, centro público de referencia y especializado en La Paz.

Nosocomio. Ingreso al Hospital de la Mujer, centro público de referencia y especializado en La Paz. Wara Vargas.

La Razón (Edición Impresa) / Wilma Pérez / La Paz

01:31 / 17 de junio de 2015

La mujer que demandó al Estado boliviano por esterilización permanente y forzada exige un resarcimiento mínimo de $us 300.000 por los daños materiales y morales sufridos, según informó el Hospital de la Mujer, el nosocomio público de La Paz donde fue atendida hace 15 años.

“La señora demandó al médico que la atendió y al hospital. Se hizo un proceso judicial, parece que ella buscaba un resarcimiento económico, quería que el hospital le dé dinero, pero no lo consiguió. Se fue a instancias internacionales y volvió a demandar, pide como mínimo $us 300.000”, informó a La Razón Daniel Cárdenas, jefe de Obstetricia del Hospital de la Mujer y quien sigue el caso de cerca.

Este medio buscó la contraparte de la demandante, pero en la organización Derechos en Acción, que la patrocina, indicaron que ella no emitirá ninguna declaración. Sin embargo, Rielma Mencias, directora ejecutiva de la institución, sostuvo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que establece el monto de resarcimiento.

“En este momento el caso está bajo nuestra atención y lógicamente, en el momento de presentar una posición de la víctima ante la Corte, vamos a revisar los antecedentes y hacer una valoración de daños físicos, psicológicos y de otra orden. Seguramente se pondrá un monto, que ella considere, por los daños. No olvidemos que al ser un proceso internacional, es la Corte la que determinará el monto por el resarcimiento”, especificó Mencias.

El especialista del nosocomio aclaró que, si bien en julio de 2000 él todavía no trabajaba en el hospital, se interiorizó del caso dos años después, luego de conocer la primera demanda judicial que hizo la litigante, ante el Ministerio Público, en contra del centro de salud, y más aún después de ocupar el cargo de jefe de Obstetricia. El galeno volvió a repasar el caso luego de que el Estado conociera en abril de este año sobre la demanda internacional, que implica al hospital.

Antecedentes. El 1 de julio de 2000, la litigante, identificada como I. V. fue sometida a una cesárea en dicho nosocomio público, donde se le practicó una esterilización “permanente y forzada” sin el consentimiento informado, según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivó el caso a la Corte IDH el 9 de junio.

Bolivia aún no ha sido notificada oficialmente por la Corte IDH. Sin embargo, la Procuraduría General del Estado convocó hace tres semanas a un grupo del Hospital de la Mujer para analizar la situación. El hecho, según un comunicado de la CIDH, “constituyó una violación a la integridad física y psicológica de la señora”.

Al respecto, Cárdenas aseguró que la mujer ingresó al hospital con un embarazo de riesgo que no fue seguido en el nosocomio. Agregó que ella tenía cicatrices de una intervención anterior.

“La señora ingresó al hospital por una emergencia obstétrica, con el antecedente de cesáreas anteriores. Ante la emergencia, el médico ingresó al quirófano y ya en la cirugía encontró complicaciones debido a que la cavidad peritoneal, donde se encuentra el útero, tenía múltiples adherencias (cicatrices). Realizando ciertos cortes para no dañar otros órganos nació el bebé totalmente sano”, explicó.

Cárdenas sostuvo que luego del nacimiento, el médico que hizo la intervención le informó que si volvía a embarazarse, su vida corría peligro, al igual que la del nuevo ser debido a las múltiples cicatrices; por ello, le sugirió practicarse una ligadura de trompas.  “Ella asintió y hay testigos porque para el parto asisten cinco profesionales”, mencionó el Jefe de Obstetricia.

El caso es el 12.655 ante la Corte IDH

La CIDH sometió el caso 12.655 a la jurisdicción de la Corte IDH, el 23 de abril del año lectivo. Consideró que el Estado de Bolivia no cumplió con las recomendaciones del Informe de Fondo: reparar integralmente a I. V. por las violaciones de derechos humanos.

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