Sociedad

Anulan norma que prohíbe uso de dinamita

El Gobierno sugiere tener cuidado con el uso de los explosivos en marchas

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas

04:24 / 02 de mayo de 2016

Uno de los siete decretos emitidos ayer por el Gobierno deja sin efecto el Decreto Supremo 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohíbe la tenencia y uso de materiales explosivos que eran utilizados en las manifestaciones sociales.

Esta normativa subraya que el “fin es garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores”.

Esta disposición fue bien recibida por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros de la Empresa Minera Huanuni, Eddy Calle. “Como mineros estamos agradecidos por el decreto que nos permite seguir usando la dinamita, que es un baluarte de  la fuerza de los movimientos sociales”, dijo el dirigente.

En la marcha de ayer por el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, más de una dinamita fue activada. El 18 de septiembre de 2012, el minero Héctor Choque falleció a causa de la explosión de un cachorro de dinamita, lanzado por los cooperativistas contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), lo que provocó la aprobación del Decreto 1359.

El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, dijo que a partir de esta anulación del decreto se debe tener cuidado en el uso de la dinamita para no causar daños a la integridad física de las personas, o a su propiedad o bienes.

El Decreto Supremo 1359 de 2012 prohibía la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados, en manifestaciones sociales, por implicar un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.

Illanes aclaró que hay una disposición vigente, el Código Penal que sanciona cuando se atenta contra las personas. En el artículo 211 de este cuerpo legal se dispone sanción con privación de libertad de uno a cuatro años al que atente contra la integridad corporal o bienes ajenos con algún material explosivo.

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