Sociedad

Alejaron de los colegios a 44 maestros por agresión sexual

La Paz. En dos años de vigencia de los decretos 1302 y 1320, Educación siguió el proceso contra 62 profesores

Info agresiones sexuales maestros.

Info agresiones sexuales maestros.

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz

02:48 / 15 de agosto de 2015

En los últimos dos años, en La Paz fueron suspendidos 40 maestros de colegios fiscales y retirados otros cuatro de unidades privadas por tener procesos legales de violación sexual contra estudiantes. De los 62 casos que sigue el Ministerio de Educación, hay cinco con sentencia.

“En planillas del ministerio, los 40 están como suspendidos y sin goce de haberes; los cuatro restantes son de colegios privados y según el reporte de las distritales los retiraron o renunciaron, pero ya no están ejerciendo la docencia”, informó a La Razón Silvia Mejía, directora jurídica de Transparencia del Ministerio de Educación.

Explicó que estos procesos están en el marco de los decretos 1302 y 1320, implementados desde julio de 2013, un año después de su promulgación. Dichas normas facultan al Ministerio de Educación a ser parte querellante contra maestros en procesos legales por agresión sexual en colegios.

El reporte de casos, en los dos años de vigencia de las normativas, señala que existen 62 procesos de esa índole contra educadores: 30 están en etapa de investigación, 20 con imputación formal (juicio oral y otros), 5 con sentencia y el resto en estado de abandono o conciliación con el denunciado.

“Son casos de sobreseimiento, es decir que no se han encontrado suficientes indicios de culpabilidad, esto puede ser por abandono de la víctima o por conciliación, pero lo que hizo el ministerio es impugnar aquello y mientras siga la imputación, el maestro continúa suspendido”, aclaró Mejía.

Sanción. Los cinco maestros con sentencia tienen un retiro definitivo del magisterio, como corresponde dentro de las sanciones vía administrativa. Por la vía penal, ellos guardan detención. Los casos fueron registrados en los municipios de Achacachi, Caranavi, Luribay, Tiwanaku y El Alto.

Informe La Razón publicó el lunes el reportaje Impunidad, violencia sexual en colegios, en el que se indica que en La Paz hubo 62 casos denunciados de violación en unidades educativas, según la Dirección Departamental de Educación. En agosto de 2012 se promulgaron los decretos supremos 1302 y 1320 para erradicar cualquier tipo de violencia contra estudiantes.

La norma especifica que el director, docente o administrativo que fuera imputado formalmente por la comisión de delitos de agresión y violencia sexual en contra de las niñas, niños y adolescentes “será suspendido de sus funciones sin goce de haberes mientras dure el proceso penal correspondiente, como medida de seguridad y protección a los menores de edad”.

A partir de la aplicación de los decretos, cada departamento del país tiene asignado un abogado para seguir con los procesos legales de cada caso.  Para el ministro de Educación, Roberto Aguilar, con los decretos se ha generado una dinámica especial en torno al seguimiento de los casos de agresión sexual. “Con las 44 suspensiones de 62 casos hemos sancionado a más del 80% de los imputados”.

Agregó que al 100% de los maestros que llegan a la imputación se les retira el salario. La autoridad calificó de histórico este salto, pues antes los casos quedaban en la impunidad. Los maestros con imputación formal están con medidas cautelares, detención preventiva o domiciliaria, y medidas sustitutivas, dijo Alberto Guevara, jefe de Jurídica del ministerio.

Contenido de decretos 1320 y 1302

Objetivos

Los decretos supremos tienen por objeto establecer mecanismos que coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abusos, que atenten contra la vida e integridad física, psicológica y/o sexual de niñas, niños y adolescentes  estudiantes.

Sanción

Producida la imputación formal por el Ministerio Público, el Ministerio de Educación procede a la suspensión del goce de haberes del denunciado.

En 7 de 62 casos hubo abandono o conciliación

En siete de los 62 casos de violencia sexual en colegios de La Paz, la víctima o familia abandonó el proceso, tranzó algún arreglo o bien hubo conciliación con el denunciado. Estos datos son parte de la investigación que sigue el Ministerio de Educación, a través de la Unidad de Transparencia.  Según el jefe de Gestión Jurídica de dicha unidad, Alberto Guevara, hay dos causas por las que no prospera un caso: la burocracia al interior de la Fiscalía y que las víctimas desisten o concilian con el denunciado.

“Si la víctima desiste, ya no se le puede obligar; si no quiere declarar lo ampara la Constitución Política del Estado”, señaló.  Agregó que la transacción puede darse antes y durante el juicio, en algunos casos se dio casi al finalizar. Desde los decretos 1302 y 1320, el Ministerio de Educación se presenta como parte querellante contra un educador.

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