Sociedad

Entidades formulan 3 ajustes al Código Niño, Niña y Adolescente

La priorización de la filiación materna, la definición de edades para el trabajo infantil y la protección de este sector de la población en la publicidad son las principales propuestas de diversas entidades para ajustar el Código Niño, Niña y Adolescente.

Los representantes de los niños y adolescentes trabajadores en la plaza Murillo. Foto: Ángel Illanes.

Los representantes de los niños y adolescentes trabajadores en la plaza Murillo. Foto: Ángel Illanes.

La Razón (Edición impresa) / Christian Galindo / La Paz

01:52 / 01 de julio de 2013

La priorización de la filiación materna, la definición de edades para el trabajo infantil y la protección de este sector de la población en la publicidad son las principales propuestas de diversas entidades para ajustar el Código Niño, Niña y Adolescente.

“Casi el 50% de la población boliviana es niño, niña y adolescente, por eso es importante que se atiendan estos planteamientos en el anteproyecto de la Ley del Código del Niño, Niña y Adolescente”, manifestó ayer Julia Velasco, portavoz de la coalición de entidades que trabajan con el sector, en el programa El pueblo es noticia, de la red Bolivia Tv.

En la entrevista, Velasco se refirió a las tres temáticas incluidas como aportes al anteproyecto de la norma, las que buscan reforzar el cumplimiento de los derechos de la niñez.

“En la filiación, planteamos que se debe inscribir el apellido de la madre de forma imperativa en los casos de abandono o de madres solteras, para evitar la discriminación y darle el valor social que ahora no tiene”, explicó a La Razón la especialista en la temática de la niñez y adolescencia.

Para otros casos, se propone que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reglamente excepciones, como por ejemplo el acuerdo entre padres, la decisión de los menores y otros.

“Lo importante es que las madres ya no tengan que rogar por un apellido ni que los padres tengan el poder de dar o negar su apellido”, reflexionó.

En cuanto, a los derechos laborales, Velasco informó que un planteamiento de la organización nacional que aglutina a menores de edad trabajadores fue incluido en la propuesta general para su análisis en la ALP. “Lo que piden es que se considere niño a todos los menores de 12 años, y adolescente a quienes están entre los 12 y 18 años. Esto con la finalidad de establecer derechos laborales”, acotó.

En el proyecto presentado hace dos semanas, denominado “Mi fortaleza es mi trabajo”, los niños y adolescentes piden acceso a la seguridad social, educación y la prohibición de todo tipo de trabajo forzoso.

DEFENSA. En el marco de la defensa de los derechos del sector, la coalición también propone que se debata la posibilidad de normar los contenidos de los medios de comunicación que pueden generar la cosificación de los menores, a fin de evitar la trata de menores, pedofilia y pederastia.

“Si bien la protección de los menores no está contemplada en el Código, proponemos que se incluya una norma que regule el contenido de lo que difunden los medios, cuando se trata de niños”, añadió Velasco. La coordinadora de ANNI, una agencia de noticias que vela por la niñez, puso como ejemplo la publicidad de pañales que recurre a mostrar imágenes de niños desnudos. En su criterio y según investigaciones internacionales, dicha promoción debería ser prohibida.

Además, aseguró que en los medios televisivos no se respeta la franja horaria de protección al menor, al emitir avances de películas o telenovelas con escenas de alto contenido sexual o violento.

Actualmente, el proyecto de modificación se encuentra en la Asamblea Legislativa y son tres instancias las que deben realizar su tratamiento, refirió Velasco: la Comisión de Derechos Humanos (a cargo del diputado Ever Moya), el Comité  de Control Constitucional (Marianela Paco) y la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia (Javier Zavaleta).

Avance de  la norma en la ALP

El anteproyecto de la ley del Código fue presentado en octubre de 2012. El 12 de octubre de este año, el Ministerio de Justicia presentó el documento al Ejecutivo y éste lo derivó a la Asamblea Legislativa.

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