Sociedad

El Gobierno se abre a suspender la reglamentación de las 8 horas

En el quinto día del paro médico nacional en rechazo al Decreto Supremo 1126, el ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, abrió ayer la posibilidad de suspender la reglamentación de esta norma que restablece la jornada laboral de ocho horas en todo el sistema de salud.

Pancartas con demandas del sector se vieron ayer en las paredes del Hospital de Clínicas.

Pancartas con demandas del sector se vieron ayer en las paredes del Hospital de Clínicas. Foto: Óscar Ordóñez

La Razón / Óscar Ordóñez / La Paz

02:49 / 02 de abril de 2012

“Dejaríamos abierta la posibilidad (de suspender la reglamentación), pero me gustaría que lo discutamos en una reunión, mañana (por hoy) a partir de  las cinco de la tarde”, dijo el ministro.

De esa forma, la autoridad informó que mandó una invitación formal al Colegio Médico de Bolivia a una nueva reunión programada para hoy.

La misma opción fue anunciada el 23 de marzo, cuando Salud y los representantes del sector llegaron a un preacuerdo. Cuando se iba a firmar el documento, los galenos dieron un paso atrás y se rompió el diálogo.

“Esperemos a ver qué van a proponer los médicos en esta nueva reunión para en función a eso tomar decisiones”, afirmó. Además, señaló que uno de los pedidos del Ministerio de Salud es que los galenos suspendan las medidas de presión.

El sábado, luego de tres horas de reunión, los colegios médicos decidieron en Cochabamba continuar con la huelga general indefinida y organizar bloqueos en las nueve ciudades capitales de departamento. “El 3 de abril habrá una gran marcha, a las 10.00, en todo el país”, informó Romel Pereira, presidente del Colegio Médico de Cochabamba.

En tanto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Alfonso Barrios, manifestó que están abiertos al diálogo y a suspender la huelga general indefinida, pero antes el Gobierno debe abrogar el Decreto Supremo 1126. “Estamos prestos a dialogar para buscar una solución a este problema, pero le decimos al ministro que es urgente discutir problemas integrales de la salud en el país, en lugar de dos horas más de trabajo”, añadió Barrios.

El 24 de enero, el Ejecutivo aprobó el Decreto 1126, que restablece la jornada laboral de seis a ocho horas diarias, con un plazo de 60 días calendario para aprobar su reglamentación, que se hizo efectiva el 26 de marzo.

Dos días después, los galenos iniciaron un paro indefinido en todo el país, manteniendo servicios de emergencia. Desde el viernes se sumaron a la medida los trabajadores en salud.

Calvimontes anunció que presentará hoy un plan de contingencia para garantizar la atención en consultas externas para toda la población.

Añadió que es muy posible que la ciudadanía no invierta dinero para acceder a estas consultas. “El Ministerio de Salud está analizando la posibilidad de que el plan sea sustentado, financiado y cubierto por el propio ministerio”.

Con el plan se recurriría a hospitales de las iglesias bajo convenio, a Organizaciones No Gubernamentales y a establecimientos y clínicas privadas.

Sin embargo, el viceministro de Salud, Martín Maturano, dijo ayer a radio Panamericana que el plan se aplicaría desde este martes. “Estamos terminando los detalles de la operativización del plan de contingencia, que lo podríamos lanzar, a más tardar, el día martes”.

Dirigencias de Salud optan por distintas vías

Trabajadores en Salud, Sindicato de Trabajadores de la Caja Nacional de Salud de La Paz (Casegural) y la Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Fensegural) ratifican la demanda de la abrogación del Decreto 1126 con distintos objetivos.

José Gonzales, ejecutivo de los trabajadores en Salud, dijo que rechazan que su estatuto (Decreto 28909) sea elevado a rango de ley porque la oferta del ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, no los incluiría a que formen parte de la Ley General del Trabajo.

Para Freddy Puente, ejecutivo de Fensegural, su sector está afiliado a la Ley General del Trabajo, por lo que demandan un reconocimiento de Bs 220 por mes para cada enfermera, en función al salario que perciben.

“Estamos esperando que el ministro Calvimontes abrogue el Decreto Supremo 1126; caso contrario, propondremos esta alternativa para nuestro sector”, añadió.

Ariel Cáceres, ejecutivo de Casegural, denunció que el Gobierno está contratando servicios privados de limpieza, alimentación y lavandería en el Hospital Obrero.

“No vamos a permitir que esto ocurra; además, apoyamos a la Central Obrera en la abrogación del Decreto Supremo 1126”, dijo.

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