Sociedad

Gobierno pacta con trabajadores en salud y COB emitir otro DS

Gobierno, COB y trabajadores en salud firmaron ayer un acta de entendimiento para suspender la aplicabilidad del Decreto 1126, con una nueva norma que restituye la jornada laboral de seis horas y confirma la cumbre del sector para julio.

Reunión. La dirigencia de la COB, a la izquierda; y cuatro ministros, al medio y derecha, ayer en la Vicepresidencia.

Reunión. La dirigencia de la COB, a la izquierda; y cuatro ministros, al medio y derecha, ayer en la Vicepresidencia.

La Razón / Wilma Pérez - Guiomara Calle / La Paz

03:04 / 15 de mayo de 2012

A las 0.25 de hoy y tras ocho horas de reunión, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó el acuerdo con ambas dirigencias. “Se logró firmar un acta de entendimiento con la elaboración de un decreto supremo que deja en suspenso el Decreto 1126”.

La norma, según la autoridad, tendrá tres parágrafos: el primero, referido a la “suspensión e inaplicabilidad del 1126”; el segundo, a la convocatoria a la cumbre de salud; y el tercero, a la restitución de las seis horas laborales. El decreto supremo deberá ser emitido por el presidente Evo Morales en las siguientes horas.

El ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana), Juan Carlos Trujillo, confirmó el acuerdo, pero aclaró que se trata de uno de los ocho puntos del pliego de la entidad. “Lo más importante es la reactivación del aparato productivo que debe ser discutida en otra mesa”, declaró al terminar la cita.

En tanto, el representante de la Confederación de Trabajadores de Salud Pública, José Gonzales, afirmó que además se dejaron sin efecto los despidos y que se conformará una comisión para analizar los descuentos. “A partir de mañana, las actividades serán normales de forma paulatina. Declaramos un cuarto intermedio hasta que vayamos a la cumbre”.

Al final de la reunión, el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, aseguró que “ya no hay motivo para continuar con las medidas de presión”, que se iniciaron hace 48 días, tras la aprobación del reglamento de la norma de las ocho horas para la salud pública.

Médicos. Paralelamente, el Ejecutivo continúa el diálogo con los médicos, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Estamos avanzando”, dijo. En tanto, Luis Larrea, del Colegio Médico de La Paz, confirmó la negociación. “Esperamos que mañana (hoy) nos convoquen”, aseveró. Por otro lado, en Oruro, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), otro sector que firmó un preacuerdo con el Gobierno para el nuevo decreto, debatía hasta las primeras horas de hoy, la validación del convenio o la continuidad de las medidas de presión, como una marcha hacia La Paz.

La mayoría de los representantes se inclinaba por suspender la huelga, pero manteniendo las protestas, como ocurrió en Santa Cruz, donde universitarios fueron gasificados por la Policía en puertas de la regional de Impuestos.

El ministro Quintana acotó que anoche se aprobaron otras demandas de la COB, como la derogación y modificación de dos artículos del Código Penal, que desconocían la actividad sindical; la incorporación de los trabajadores municipales a la Ley General del Trabajo; y el resarcimiento a las victimas de la dictadura “en casos pendientes”. 

3 Sectores en conflicto 

Desde el 28 de marzo, los salubristas realizan protestas contra el Decreto 1126, que restituye las ocho horas de jornada laboral. La COB apoya su demanda por una decisión del ampliado y las universidades, por el derecho de la docencia asistencial simultánea.

Los reportes sobre el caso Boyán difieren

Mientras el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirma que el examen forense realizado a la enfermera Leonor Boyán demuestra que no fue torturada; el representante del Defensor del Pueblo, Álvaro Flores, sostiene que la señora sí presenta lesiones en los brazos, pero no sabe si son producto de una violenta agresión. “El informe forense evidentemente señala que no hubo violencia, torturas o situaciones que puedan caracterizarse como extralimitadas”, dijo ayer Romero en conferencia de prensa.

El representante del Defensor del Pueblo en La Paz aseveró que visitó a Boyán en la sala de terapia intensiva del Instituto del Tórax e indicó que solicitó el informe forense al Instituto de Investigación   Forense, al igual que reportes que levantaron la Policía y el Viceministerio de Régimen Interno.

“He reiterado que hay lesiones y marcas, tanto en los brazos como en las piernas, si bien esto evidencia el uso de la fuerza, pero no puedo decir que si hubo tortura o no, sin ver los estudios médico-forenses necesarios”, señaló.

El jueves 10, se registraron enfrentamientos entre policías y salubristas, además de estudiantes de Medicina, que piden la abrogación del Decreto 1126.  Ese día, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, recibió un golpe en la cabeza, producto del impacto de un pedazo de mosaico de loza. En el incidente se detuvo a cuatro personas, entre ellas a la enfermera Boyán.

La autoridad informó que Boyán “se refugió en el Hospital de Clínicas por temor a ser detenida”. Luego, la enfermera y sus compañeros denunciaron agresiones y torturas de parte de la Policía. De inicio, Boyán dijo estar embarazada, pero aclaró que lo hizo para evitar ser lastimada. Según el reporte médico del hospital, la enfermera podría ser dada de alta hoy.

Alertan sobre el colapso del Hospital de Clínicas

El representante sindical del consejo técnico del Hospital de Clínicas, Raúl Mercado, informó ayer que el nosocomio sufre la falta de insumos, lo que le obligaría a suspender la atención en el servicio de Emergencias. “Frente a este total desabastecimiento, queremos poner en claro que nos vamos a ver en la necesidad, a partir de esta semana, de dejar de dar atención a los pacientes”.

Recaudaron Bs 107 mil en multas a clínicas privadas

Impuestos Internos informó que en el operativo realizado a 361 clínicas y consultorios privados, que estableció que el 70% no emitía facturas, se recaudó Bs 107 mil en multas por la primera infracción, que consiste en el pago de hasta 10 veces el servicio no facturado. En total, se clausuraron 107 centros y 114 se adhirieron a la figura de convertibilidad, con el pago de la multa.

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