Sociedad

Cada oficina definirá la sanción a quienes no sepan idiomas nativos

Públicos. Solo el 50% de empleados asiste a los cursos intensivos del Gobierno

La Paz. Servidor público atiende a usuaria en la oficina móvil inaugurada en el Consejo de la Magistratura.

La Paz. Servidor público atiende a usuaria en la oficina móvil inaugurada en el Consejo de la Magistratura. Luis Salazar.

La Razón (Edición Impresa) / Wilma Pérez / La Paz

02:18 / 29 de julio de 2015

Los servidores públicos, desde el portero hasta el Presidente, deben aprender a nivel comunicativo uno de los 36 idiomas oficiales de Bolivia, según la Ley 269. El modo de evaluación y la sanción a quienes no acaten serán definidos por cada instancia.

“Si un servidor público no aprendió a hablar, en tres años, uno de los idiomas del país, además del castellano, está incumpliendo con la ley. Si bien aún no están establecidas las sanciones, implicará una etapa de evaluación para saber cuál será el accionar, y la tuición que tendrá cada entidad regente (del funcionario)”, explicó ayer el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas.

La autoridad señaló que desde  2012, año en el que se promulgó la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas (269), los 350.000 empleados en instituciones públicas del país tenían el tiempo para aprender en los cursos habilitados por el Gobierno. Según la norma, el plazo fenece este 2 de agosto.EVALUACIÓN. “No se pretende que hablen perfectamente cualquiera de los idiomas, sino que conozcan lo básico para una comunicación directa con la sociedad. Por ejemplo, un médico debe saber decir ‘súbase la camisa para examinar’ y palabras similares que deben ser evaluadas por la institución del área”, dijo el viceministro.

El presidente Evo Morales advirtió el domingo, en un acto en el municipio de Puna (Potosí), que a partir del 6 de agosto se despedirá a aquellos funcionarios que no sepan hablar una lengua nativa. Cárdenas reveló que de los 350.000 servidores públicos, el 50% se inscribió en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, manejada por el Ministerio de Educación y el Viceministerio de Descolonización, donde se dan cursos de idiomas originarios. El resto, o bien ya conoce, o pasa clases privadas, o incumple. La Constitución Política del Estado (CPE) establece en el artículo 234 la obligación que tienen los funcionarios de hablar al menos dos idiomas oficiales: el castellano y otro nativo, considerando el uso y la región.

“Lo que necesitamos del servidor público es que tenga voluntad para aprender y eso se ve cuando se inscribe a la Escuela de Gestión Pública”, mencionó Cárdenas. La Razón publicó ayer que los cursos son intensivos y duran 25 horas. El viceministro anunció que el domingo se entregará en La Paz 2.500 certificados a funcionarios que aprendieron. Entre ellos figuran ministros, viceministros y otras autoridades de jerarquía.

“Por ejemplo, el ministro Arce (de Economía) y otras autoridades pasaron clases todo el fin de semana. Todos se están dando tiempo para aprender. El Defensor del Pueblo (Rolando Villena) también lo hace”, agregó.

Aclaró que no hay excepción para nadie. Respecto al presidente Evo Morales indicó que habla dos idiomas nativos. “Al Presidente siempre le escucho hablar en aymara o quechua en sus actos”.Consultado sobre el vicepresidente Álvaro García Linera, Cárdenas evitó dar detalles sobre el idioma nativo que aprendió. En abril de 2014, durante la clausura del ampliado de escuelas de maestros en Warisata (La Paz), el Vicepresidente dijo ser “monolingüe” y que solo habla el castellano.

Inauguran oficina móvil contra casos de racismo

El Viceministerio de Descolonización inauguró ayer la primera oficina móvil para recibir denuncias de racismo y discriminación en las entidades públicas. El Consejo de la Magistratura de La Paz (calle Yanacocha) abrió un espacio para que, durante dos días, la población presente sus quejas.

“La oficina móvil va a funcionar con dos abogados y ellos son los encargados de recibir las denuncias de racismo y discriminación. Después pasará a la Caja Nacional de Salud y así irán visitando otras instancias públicas”, explicó el viceministro del área, Félix Cárdenas.

Agregó que realizan la iniciativa en instituciones públicas porque los funcionarios optan por no denunciar por temor a despidos. Las quejas serán recibidas de forma anónima. Al igual que en La Paz, hay otras unidades en las regionales del Consejo de la Magistratura del país, excepto en Santa Cruz.

Cárdenas recordó que desde la promulgación de la Ley 045, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación (2011), ese despacho recibió más de 850 denuncias; el 70% proviene del ámbito público y el resto del privado. Del total de casos en públicos, el 30% corresponde al área educativa. “En los colegios se discrimina hasta por la forma de vestir o hablar”.

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