Sociedad

Podrán intervenir llamadas en casos de trata y tráfico

Con la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas se podrá intervenir llamadas telefónicas de los sospechosos de casos abiertos en la justicia. La Policía especializada podrá allanar lenocinios, fábricas y otros con orden judicial emitida en el día.

La Razón / Wilma Pérez / La Paz

01:13 / 14 de junio de 2012

El diputado y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Lucio Marca (MAS), explicó que la intervención de llamadas a celular o teléfono fijo procederán cuando la Fiscalía o Policía estén investigando un caso de trata o tráfico de personas.

“Será un instrumento que apoyará en la investigación, siempre que exista la denuncia y se hubiera abierto el caso en la Fiscalía. La Policía solicitará la autorización y el juez debe emitir la orden en el día”, indicó. Especificó que este recurso será empleado cuando existan serios indicios de tráfico de personas por parte de una persona o una agrupación.

El asambleísta sostuvo que la importancia de que la orden salga en el día es evitar que los elementos de la investigación se disipen. “Se detectó que las órdenes judiciales son emitidas en dos y hasta cinco o más días y al momento de actuar ya no se encuentra nada”, acotó.

El martes, la Cámara de Diputados aprobó en detalle el proyecto de ley y lo remitió al Senado. Si en esta instancia no existen observaciones será enviado al Ejecutivo para su promulgación. La norma establece también la prohibición de publicar en medios escritos avisos de oferta de servicios sexuales, así como otros destinados a “captar” jóvenes para explotación sexual.

Marca dijo que la ley dispone, además, que en cada departamento haya fiscales y policías especializados en trata y tráfico de personas, además que las Fuerzas Armadas apoyarán en el patrullaje y control de fronteras para evitar la salida ilegal de personas, especialmente niños.

Sobre la Policía, manifestó que se ampliarán sus responsabilidades para patrullar en lugares donde se practica la prostitución, bares, salas de masaje, además de fábricas y negocios, para verificar que se explote a personas. “Si los efectivos detectan alguna irregularidad, solicitarán orden de allanamiento al juez y ésta debe ser entregada a las pocas horas”, explicó.

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