Sociedad

Goni apela juicio civil; puede usar este recurso otra vez

Masacre. Demandantes pueden proseguir con trámite de litigio

La Paz. Empleado de la Fiscalía lleva el pedido de extradición de Sánchez de Lozada a la Embajada de EEUU.

La Paz. Empleado de la Fiscalía lleva el pedido de extradición de Sánchez de Lozada a la Embajada de EEUU. Ángel Illanes.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

04:02 / 21 de junio de 2014

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su colaborador Carlos Sánchez Berzaín usaron una de sus dos apelaciones que les faculta la justicia estadounidense, para evitar un juicio civil en Estados Unidos por las muertes registradas en octubre de 2003. El 22 de mayo, el juez federal de Florida James Cohn dio luz verde a la demanda de familiares de fallecidos durante la “guerra del gas” en Bolivia, por delitos de violaciones a los derechos humanos.

“Apelaron el viernes 13, era algo que estaba previsto, ellos tienen derecho a la primera apelación, pero en el caso de que el juez rechazara esa acción, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tienen opción a una segunda apelación directamente ante el Tribunal de Apelación y no ante el juez”, explicó a La Razón Rogelio Mayta, abogado de familiares de víctimas de octubre.

Proceso. Detalló que los abogados estadounidenses que apoyan la causa, también trabajan en Miami-Florida y tienen una semana más para responder a las observaciones hechas por los demandantes. Por ese motivo se prepara la respuesta contra la apelación. “Después de todos esos procesos citados, el juez tendría hasta fines de julio para que emita su decisión, si viabiliza o no la apelación de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín”, indicó Mayta.

El juicio civil se plantea de acuerdo con la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura. Los nueve demandantes pueden continuar con el litigio en contra de las dos exautoridades que huyeron a EEUU tras los hechos violentos de octubre de 2003, en los que murieron más de 60 personas.

Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín fueron acusados por su participación en la planificación y ordenanza de asesinatos de civiles extrajudiciales, en un esfuerzo para reprimir las protestas por sus controvertidas medidas gubernamentales, políticas y económicas. La decisión del juez federal implica que los demandantes pueden buscar una compensación económica de los acusados.

Mayta informó que el argumento de la apelación del expresidente y del exministro de Defensa es que en Bolivia se les sigue otros juicios civiles por el caso de la masacre de octubre. Pero esa demanda ya les fue rechazada en una primera instancia, por el mismo juez federal, antes de iniciar el proceso. Por eso, el jurista cree que la autoridad estadounidense rechazaría la apelación.

“Las acciones civiles que se siguen en el país están relacionadas para una sentencia a los militares y otros involucrados, pero no hacen la responsabilidad directa de los dos sindicados por la masacre (Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín)”, aclaró el abogado de familiares de las víctimas de octubre.

Ante la autorización para seguir el juicio, el 22 de mayo, Beth Stephens, abogada del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York que representa la demanda civil de los familiares de víctimas, en Miami, informó a este diario que se prevé llevar a EEUU a testigos para el proceso judicial. Acotó que las personas afectadas por la represión militar participarán de la etapa de evidencias, en la que se recogerán testimonios de los testigos y se presentarán los documentos, todo para un juicio con un jurado, incluido jueces ciudadanos.

Sobre el anuncio, Mayta afirmó que aún no existe un cronograma oficial en relación a tiempos para llevar o no víctimas, porque están ocupados en la primera apelación de acuerdo al procedimiento de los EEUU. “Hay mucho terreno que recorrer antes de llevar a las víctimas a Miami-Florida para que digan su verdad”, apuntó.

El jurista aseguró que prima que haya una sentencia contra el expresidente, aunque el juicio civil determinaría un monto como resarcimiento para las víctimas.  En marzo, Sánchez de Lozada reapareció en un documental, en el cual comenta sobre los hechos de octubre de 2003 y que su gobierno soportó presiones de la Embajada de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional (FMI) para vender gas boliviano al país del norte.

Tramitan el pedido de extradición

Funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de la Cancillería entregaron a la Embajada de Estados Unidos (EEUU) la documentación para el pedido de extradición, traducida al inglés, del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dos de sus colaboradores.

“Presentamos ante la Representación Diplomática (de EEUU) la traducción, de español al inglés, de la extradición de Sánchez de Lozada y dos de sus exministros, para que el Consulado en un lapso de tres días pueda devolver la documentación debidamente sellada y, con ello, se pueda programar el viaje a los Estados Unidos”, remarcó Guerrero.

Explicó que el exhorto suplicatorio traducido fue concluido en tres ejemplares. Acotó que la presentación de esta segunda solicitud de extradición en tierra estadounidense está prevista  dentro de dos semanas, para lo que se conformará una comisión de representantes de la Cancillería, el Ministerio de Justicia, de las víctimas y el propio Fiscal General, que se hará presente en el Departamento de Estado, en Washington.

Guerrero remarcó que el pedido también se lo hace para los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, acusados por la masacre de octubre de 2003, en la que murieron más de 60 personas y quedaron heridas cerca de 400.

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