Sociedad

Profesor acusado de violar aún da clases en 3 colegios

Delito. Pese a la denuncia y pruebas, no fue suspendido del cargo

Querella. Franklin Gutiérrez muestra los documentos de denuncia.

Querella. Franklin Gutiérrez muestra los documentos de denuncia.

La Razón / Guiomara Calle / La Paz

01:00 / 04 de octubre de 2012

Hace dos años, una estudiante de 15 años denunció que fue violada por el director de su colegio. El acusado huyó al interponerse la demanda. Sin embargo, ahora, el profesor da clases en tres colegios de El Alto.

En septiembre de 2010, la Defensoría de la Niñez de Cotahuma interpuso una demanda en contra de Elmer A. G., entonces director de un colegio del centro de La Paz, por violar a una estudiante de segundo medio (ahora cuarto de secundaria). El documento, al que accedió La Razón, indica que el agresor “se valió de su autoridad” para acercarse a la menor y abusar de ella sexualmente. Además, adjunta el examen médico forense.

La estudiante estaba bajo el cuidado de sus tías, porque sus papás radicaban en Argentina, pero al enterarse del hecho retornaron al país e hicieron el seguimiento de la denuncia; sin embargo, el maestro huyó y no se supo nada más de él, hasta hace un par de semanas, explicó el presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Franklin Gutiérrez.

“Al no hallar justicia y con un maestro prófugo, los papás decidieron marcharse a Argentina y se llevaron a su hija. Pero hace poco, el magisterio de La Paz nos informó que este maestro trabaja en El Alto; entonces pedimos el informe a la Dirección Departamental de Educación y nos confirmaron que Elmer A. G. da clases en tres colegios de esta ciudad, pero ellos aún no hacen nada”, dijo Gutiérrez.

Al respecto, el director departamental de Educación, Basilio Pérez, aseguró que el caso está en manos del Departamento Legal, instancia donde indicaron que efectivamente el profesor da clases en tres colegios de El Alto en la materia de Educación Física. “Estamos a la espera del informe del fiscal asignado sobre la situación actual de este caso”, expresó el jefe de Asesoría Jurídica, Juan Vargas. El caso habría sido rechazado por supuesta falta de pruebas.

Indignación. No obstante, Gutiérrez afirmó que las juntas de padres de familia se sienten indignadas por la “lentitud de las acciones”. Piden que el maestro sea aprehendido lo antes posible, porque representa un peligro para los niños de los tres colegios.

“Hay pruebas, es un delito tipificado en el Código Penal y ahora con el Decreto Supremo 1302, el Director Distrital debe actuar de oficio en esta situación, pero lastimosamente aún no lo hacen y se pone en riesgo a nuestros hijos. No queremos hacer justicia con nuestras propias manos y lamentar reacciones. Debe suspenderse a este maestro”, manifestó el dirigente.

Los tres colegios pertenecen a los distritos 4 y 7 de El Alto. Este medio consultó al director distrital de los sectores, Valentín Llanos, quien dijo desconocer el caso, debido a que su trabajo inició en esta gestión. Sin embargo, adelantó que iniciará una investigación y el proceso, si corresponde.

El 5 de agosto, el presidente Evo Morales promulgó el Decreto Supremo 1302, de Erradicación de la Violencia en las Escuelas, que suspende de funciones, sin goce de haberes, a maestros y administrativos de unidades educativas que enfrenten una imputación formal por atentar contra la vida o integridad de sus estudiantes. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, explicó que su despacho y las direcciones departamentales tienen la obligación de denunciar y coadyuvar en la acción penal contra los agresores.

Dos maestros ya fueron suspendidos

A partir de la promulgación del Decreto Supremo 1302, el Ministerio de Educación suspendió a dos maestros imputados formalmente por violación; ambos pertenecen a La Paz. “Actualmente tenemos a dos maestros suspendidos, pero aún esperamos el informe del interior para tener datos exactos”, informó el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Educación, Carlos Echazú.

Se trata de dos maestros de unidades educativas de La Paz, que enfrentan una imputación formal en el Ministerio Público.De enero a septiembre, la Unidad de Transparencia recibió nueve denuncias de agresiones sexuales, incluidas las dos suspensiones; tres de ellas provienen del área urbana y seis de la zona rural. Del total, tres son por acoso sexual, que implica acercamientos indebidos por parte de un profesor a un alumno.

Cuatro por abuso deshonesto, que son toques impúdicos a menores de edad contra su voluntad y dos por violación. La mayoría sucedió en colegios fiscales.  

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