Sociedad

Proyecto de ley fija que es deber del estudiante aprender un idioma nativo

El proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece que los estudiantes tienen el derecho y el deber de aprender un idioma nativo, el que predomine en el territorio donde habitan.

Originarios. Miembros de las organizaciones sociales durante la presentación del proyecto de ley.

Originarios. Miembros de las organizaciones sociales durante la presentación del proyecto de ley.

La Razón

01:00 / 22 de julio de 2011

La obligatoriedad está contemplada en el capítulo IV, artículo 13, parágrafo II, referido a los idiomas en el sistema educativo plurinacional. "El estudiante monolingüe castellano hablante tiene el derecho y la obligación de aprender un idioma indígena originario campesino, predominante en la región como segunda lengua", dice la propuesta.

El artículo 16 parágrafo III del perfil añade que "los idiomas nativos se estudiarán y usarán como herramientas que faciliten los procesos educativos de manera obligatoria en todo el sistema educativo considerando los grados de bilingüismo para lograr el dominio oral y escrito en los idiomas maternos y una segunda lengua".

Los idiomas oficiales del Estado boliviano son 36, pero la mayoría carece de alfabeto, por lo que se habla pero no se escribe y  al menos ocho corren el riesgo de desaparecer. Al proyecto de ley fue presentado el miércoles a la Asamblea Legislativa por el denominado Bloque Educativo Indígena Originario, conformado, principalmente, por organizaciones indígenas y campesinas del país.

El artículo 17 de la Constitución Política del Estado (CPE) consigna "el derecho a la educación universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación". En tanto que la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez fija que la educación debe iniciarse en la lengua materna; dada la diversidad lingüística existente en el Estado, se adoptarán ciertos principios para definir cuál es ésta.

Por ejemplo, en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio del castellano, la primera lengua será ésta y la originaria, segunda. A la inversa, en poblaciones o comunidades monolingües y de predominio de la lengua originaria, ésta será la primera lengua y el castellano, segunda. La Ley 070 contempla, además, que la enseñanza de un idioma extranjero es una obligación de las unidades educativas tanto en el sistema público como el privado, pero en el proyecto de ley presentado por sectores sociales la obligación de aprender el idioma es del alumno, aunque con el soporte que le dará el Estado.

Idiomas oficiales

Especialista afirma que la propuesta es integradora

Arturo Choque, coordinador del Programa de Políticas Públicas del Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativas (Cebiae), considera positivo el promover el aprendizaje de lenguas originarias porque, en su criterio, se cumpliría con una "deuda histórica" del Estado con los pueblos originarios.

Sin embargo, lamenta que los estudiantes se vean obligados a hacerlo, cuando lo que debería suceder es que aprendan a valorar esta oportunidad como un vehículo de integración. Aprender un idioma nativo "es un proceso necesario en un país como el nuestro con más del 70% de personas autodeclaradas indígenas".

Se podrá hacer trámites en lenguas originarias

El proyecto de Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas establece, en el capítulo sexto, referido al uso de los idiomas nativos en la administración pública y privada, que una vez aprobada la norma se podrá hacer trámites en idiomas nativos según el principio de territorialidad, condición que no representará el riesgo de nulidad de ningún documento.

"Los idiomas indígenas originarios campesinos oficializados por la Constitución Política del Estado y la presente ley son legítimos y legales para realizar todo tipo de gestión en el ámbito público y privado, correspondiéndole al Estado garantizar el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, no siendo nulos o anulables los trámites a causa del idioma", dice el artículo 24 de la propuesta.

En ese marco, establece también que las instituciones públicas y privadas aplican y traducen a los idiomas oficiales los diferentes procesos y procedimientos de trámites administrativos según el principio de territorialidad, es decir en el idioma que predomine en el territorio donde se habita.

La propuesta de ley también promueve que las entidades públicas y privadas difundan e implementen la prestación de sus servicios en los idiomas indígenas originarios campesinos utilizados en la región donde se encuentran.

Las bases del proyecto de ley Promoción Políticas Recuperación Principios Declaratoria Idiomas

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