Sociedad

Denuncian agresión sexual a menor de casa hogar en Potosí

Violencia. Las instituciones manejan el caso con extrema reserva

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz

02:10 / 01 de septiembre de 2015

El Sedeges de Potosí denunció ante el Ministerio Público el abuso sexual contra un menor de edad acogido en una casa hogar, tras un informe de Aldeas SOS. La Defensoría del Pueblo indica que existe confusión sobre la cantidad de víctimas.

Según el informe preliminar de la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Doris Mamani, se trata de una víctima y no de tres. “Estamos haciendo la averiguación necesaria, también verificamos si hay afectados, pero se descarta el tema de violación, es abuso sexual”.

El caso fue llevado ante la Justicia el 24 de agosto, después de un informe de Aldeas Infantiles SOS. El menor estaba acogido en un hogar del Sedeges y hace siete meses pasó a Aldeas, donde informaron que por la reserva del caso no pueden emitir declaraciones, pero aseguraron que el abuso sexual no ocurrió en sus centros. La directora del Sedeges solo se limitó a informar que el agresor no es un funcionario público.

Antonio Leniz, fiscal departamental de Potosí, aseguró que es un tema de niños y adolescentes. “Son tres menores, son tres niños los que hubiesen sido presuntamente víctimas de este tipo de abuso sexual en el hogar”. Una vez conocido el caso, la Defensoría del Pueblo de Potosí empezó a realizar requerimientos de información, puesto que considera que existe una confusión respecto a la cantidad de víctimas. 

“Vamos a investigar, sin embargo, el caso está con mucha reserva porque se trata de un menor de edad”, indicó su representante, Jackeline Alarcón, tras agregar que se actuará bajo el Código Niño, Niña y Adolescente para no entorpecer las investigaciones.

El artículo 144 de esta norma dice: “Las autoridades judiciales, servidoras y servidores públicos, y el personal de instituciones privadas tienen la obligación de mantener reserva y resguardar la identidad de la niña, niño y adolescente que se vea involucrado en cualquier tipo de proceso y de restringir el acceso a la documentación sobre los mismos, salvo autorización expresa de la autoridad competente”.

Alarcón aclaró que le corresponde al Ministerio Público investigar el caso y a la Defensoría del Pueblo averiguar la responsabilidad de los funcionarios públicos.  “Queremos saber qué pasó, si hubo el cuidado oportuno, quién estaba a cargo y qué responsabilidad tiene el Sedeges”, señaló.

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