Sociedad

Fiscal pide detención preventiva para violador casado con víctima

Tarija. Defensoría del Pueblo señala que padres de adolescente consintieron la unión

Norma. La violación es un delito sancionado con hasta 25 años de reclusión, según el Código Penal.

Norma. La violación es un delito sancionado con hasta 25 años de reclusión, según el Código Penal. Fernando Cartagena-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Aleja Cuevas / La Paz

01:39 / 24 de julio de 2015

Una vez iniciada la investigación del caso de una adolescente de 13 años, que según la denuncia fue violada a los 12 y obligada a casarse con su agresor por decisión de la comunidad originaria y los progenitores, la Fiscalía de Tarija pidió al juzgado la detención preventiva del acusado.

“Se ha presentado la imputación formal en contra del agresor el 7 de julio, en ésta se ha solicitado la detención preventiva”, informó ayer a La Razón la fiscal asignada al caso, Eliana Tejerina. Dicha acción es solicitada cuando existe riesgo de fuga del demandado.  Agregó que la audiencia cautelar para definir la situación legal del imputado por el delito de violación será el 11 de septiembre, a las 09.00.

La menor de edad fue agredida sexualmente a los 12 años por Héctor V., de 28 años. Ahora ella tiene 13 años y lleva ocho meses de embarazo, producto del vejamen. El caso se registró en la población San Jacinto Norte, ubicado a diez minutos de la ciudad de Tarija.

De acuerdo con el informe de Lidia Rodríguez, jefa nacional de Infancia, Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, el 25 de marzo se reunieron las autoridades de la comunidad, y los progenitores de la víctima y del agresor para hallar alguna “solución”.

Los padres de ambos dieron su consentimiento para que sus hijos convivan. “Me reuní con los dirigentes y reconocieron que evidentemente hubo un matrimonio civil, incluso una señora compró los anillos”, señaló Gladys Sandoval, representante del Defensor del Pueblo de Tarija.

Rodríguez sostuvo que esa unión es ilegal y pidió sanciones para quienes consintieron el matrimonio. “No les interesó la situación de la adolescente, más bien apoyaron a la familia del perpetrador para llevar esa unión”. Para verificar la unión civil, Sandoval pidió datos al Servicio de Registro Civil (Sereci), donde indicaron que todavía no tenían registrado el matrimonio. “Es posible que aún no esté registrado en sistema, sino en papel”, dijo.

Ilegal. Juan Antonio Pérez, viceministro de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia, aclaró que la Ley de Deslinde Jurisdiccional no da competencias a las autoridades comunitarias para ejercer tuición en estos temas y que éstas pueden ser pasibles a alguna sanción.

La Defensoría del Pueblo hizo la denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y ésta ante el Ministerio Público. La fiscal Tejerina indicó que una vez iniciada la investigación, el 28 de mayo, se pidió al juez medidas de protección para la menor.

“Esta protección consiste en prohibir que el imputado moleste a la víctima o se le acerque”, señaló la fiscal. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo constató tras varias visitas que la menor de edad convive con su agresor.

El fiscal departamental de Tarija, Gilbert Muñoz, dejó en claro que el Código Penal establece que una menor de edad no puede dar su consentimiento para un matrimonio. “(El caso) es considerado violación, así haya consentimiento está invalidado”.  La pena por delito de violación es de 20 a 25 años de prisión y con agravante se suman otros cinco años.

Nulidad del matrimonio

Denuncia

La fiscal Eliana Tejerina aclaró que los padres deben contar con una autorización judicial para la unión civil de la adolescente, y de ser así, adelantó que se pedirá la nulidad una vez que llegue el documento legal.

Adolescente de 13 años ya no asiste al colegio

La adolescente de 13 años, quien lleva una gestación de ocho meses producto de la supuesta violación de Héctor V., dejó de asistir al colegio. Ella cursaba el 1° de secundaria en una unidad educativa de la población de San Jacinto Norte, en Tarija.

“Tenemos un informe social que señala que la menor ya no va al colegio y que está en un rol de ama de casa: cocina para el hombre y lo atiende”, indicó Gladys Sandoval, representante del Defensor del Pueblo de Tarija.

Detalló que debido a su avanzado estado de gestación, la adolescente siente vergüenza de asistir al establecimiento. De acuerdo con las investigaciones, el agresor sexual es el hermano del cónyuge actual de la madre de la víctima. Los informes también indican que la adolescente, en principio, vivía en la casa de su progenitora, pero por algunos problemas se trasladó a la vivienda del padre del denunciado, Héctor V.

Según Ramiro Pérez, responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tarija, en los controles médicos se intentó persuadir a la adolescente de que regrese a la casa de la madre. Agregó que el informe psicológico indica que la menor tiene un sentimiento cercano hacia Héctor V.

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